A partir de 2025 los centros de arbitraje y quienes ejerzan función arbitral deberán registrarse obligatoriamente en el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (RENACE) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según ha dispuesto el Decreto Legislativo 1660 emitido recientemente por el gobierno.

Semana Económica publica el artículo “Arbitrajes: El ojo del Estado se inmiscuye en la justicia privada”, de Tamara Ojeda, quien plantea que el decreto genera incertidumbre en el ámbito jurídico y registra la opinión de diversos expertos en la materia.

Nuestro socio Enrique Varsi-Rospigliosi opina que “la justicia privada ha tenido éxito a través de la norma que regula el arbitraje y los reglamentos de cada una de las cámaras y centros de arbitraje. Estos establecen las condiciones que tienen los árbitros para desempeñar su función”.

Compartimos el artículo en versión PDF para que puedan revisarlo en su totalidad: link