Alvaro Bonilla Concha

abonilla@er.com.pe

Piero Cortina Gonzales

pcortina@er.com.pe

El 23 de noviembre último se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326 (Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado).

Cabe recordar que en el año 2017 mediante el Decreto Legislativo N° 1326, se restructuró el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y se creó la Procuraduría General del Estado como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Reglamento en comentario tiene como finalidad optimizar el sistema de defensa legal del Estado, lo que implica no solo la reformulación de criterios técnicos en la propia administración de los procesos jurisdiccionales y arbitrales en los que el Estado es parte, sino además llevar un control y vigilancia de los procuradores públicos.

Uno de los aspectos más resaltantes de la norma en comentario es la creación de la Procuraduría Especializada en Arbitrajes (en lo sucesivo, la PEA), lo cual podría ser explicado si se tienen en cuenta el contexto en el que se emite la misma (de crítica al arbitraje y en especial al arbitraje de contratación con el estado por hechos vinculados a corrupción), así como el antecedente de que el Estado peruano perdía la mayoría de los arbitrajes en los que participa. Un dato relativamente reciente (según la propia Contraloría General de la República), es que el Estado peruano perdía hasta el año 2015 el 70% de los procesos arbitrales en los que participaba; es decir, siete de cada diez procesos.

Respecto de la PEA, tenemos que en único artículo (el 50) se establece que:

– La PEA se encuentra facultada para intervenir en cualquier tipo de arbitraje, especialmente los que se originados por controversias surgidas en los contratos suscrito en el marco del Sienta Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones, salvo el de índole laboral.

– La PEA solo intervendrá en los casos en los que la cuantía del proceso arbitral supere las 200 UIT; sin embargo, existe un caso en el que sin importar dicha cuantía también la PEA puede intervenir: cuando el procurador público (de la propia entidad), de manera justificada, así lo solicite.

– La PEA elaborará una base de datos histórica y actualizada de los árbitros que intervienen en procesos arbitrales en lo que el Estado haya participado. Esta base de datos deberá contener información respecto de las actuaciones relevantes de dicho árbitro, y un mínimo de información sobre el sentido de los Laudos, conformación de los tribunales en los que participa, recusaciones declaradas fundadas, anulaciones planteadas contra laudos emitidos, señalando cuantas fueron declaradas fundadas, así como denuncias penales en contra de los árbitros.

Cabe resaltarse que el Reglamento establece que esta base de datos es de carácter público y será difundida mediante el portal de la Procuraduría General del Estado, con lo cual cualquier ciudadano podrá acceder a la misma. Así, estamos ante la implementación de un mecanismo de transparencia y con ello de control, publicitando las actuaciones de los árbitros, sin llegar a publicar el Laudo.

Es necesario acotar que ni la emisión del Decreto Legislativo N° 1326 ni la de su Reglamento han sustituido otros sistemas especializados de defensa del Estado, como lo es el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), creado mediante Ley Nº 28933 y cuya función es defender al Estado en controversias de carácter internacional y comercial, como los procesos que se siguen ante el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), la Corte Internacional de La Haya, ante la Secretaría General, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Organización Mundial del Comercio y demás organizaciones internacionales de integración comercial y comercio internacional, así como en el marco de los acuerdos comerciales internacionales de los que el Perú es parte.