El pasado 4 de mayo de 2019 se publicó en el diario oficial el Decreto Supremo No. 011-2019-JUS que aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley No. 27584, “Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo”, según el mandato contenido en la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley No. 30914 que ordena al Ministerio de Justicia adecuar el anterior Texto Único Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo No. 013-2008-JUS.

La Ley No. 30914 introdujo 2 modificaciones a la Ley No. 27584. La primera, la más importante, es la eliminación inmediata del dictamen fiscal en los procesos contenciosos administrativos, excluyendo la participación del Ministerio Público. La segunda, menos relevante, es el cambio de la denominación de la vía procedimental del proceso especial por el proceso ordinario.

Hasta antes de esta modificación, el Ministerio Público intervenía como dictaminador en los procesos contenciosos administrativos, emitiendo una opinión no vinculante previo a la emisión de la sentencia. Su intervención tenía por objeto resguardar el principio de legalidad sobre los actos de la administración materia de impugnación judicial.

Desde hace muchos años atrás, se ha cuestionado el “valor” que los dictámenes fiscales aportaban a los procesos contenciosos administrativos. Así, en el año 2007, la Defensoría del Pueblo, en su Informe No. 121 – “Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso – Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia”, cuestionaba la utilidad de las opiniones fiscales, más allá de la falta de especialización del Ministerio Público en controversias de índole administrativa, regulatoria y/o tributaria.

Adicionalmente, en el dictamen emitido por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de fecha 8 de enero de 2019 se hace hincapié en la inutilidad de la opinión fiscal por su falta de obligatoriedad para los jueces, además de identificarla como un trámite que impide que hacer expedito del proceso contencioso administrativo un mecanismo judicial más expeditivo y, en esa línea, una verdadera vía igualmente satisfactoria al proceso de amparo.

Entre las razones por las que el legislador ha finalmente optado por eliminar la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativo están (i) el de reducir el tiempo de duración de estos procesos, los cuales, entre la remisión de los actuados a fiscalías y su devolución a juzgados o salas con la emisión de la opinión respectiva, tomaba regularmente alrededor de 3 a 6 meses, en todos los grados de jurisdicción, y (ii) el de asignar al Ministerio Púbico a tareas estrictamente de lucha contra la criminalidad y protección frente a la violencia familiar, según fuera recomendado por la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia en su informe final del 25 de julio de 2018.

Como ya lo hemos indicado en una anterior oportunidad, a partir de esta modificación en ninguna instancia de los procesos contenciosos administrativos se requerirá que la fiscalía competente del Ministerio Público emita dictamen fiscal. De esta manera, en primer grado de jurisdicción, luego que se emita el auto de saneamiento el proceso quedará expedito para ser sentenciado, salvo que las partes soliciten informe oral; mientras que, en segundo grado de jurisdicción y casación, se programará vista de la causa luego de haberse absuelto el traslado de la apelación y declarado la procedencia del recurso de casación, respectivamente.

En teoría, la eliminación del dictamen fiscal generaría que el procedimiento contencioso administrativo dure menos. Lo que no debe suceder es que la programación de los informes orales e, inclusive, de la emisión de sentencias, sean utilizadas por los juzgados y salas contenciosos administrativos como si se les hubiera ampliado los plazos para la tramitación de estos procesos, sumándole el tiempo adicional que antes tenían mientras esperaban por la emisión del dictamen fiscal.

En ese contexto, consideramos que esta modificatoria al proceso contencioso administrativo es teóricamente positiva, en tanto supone una reducción de tiempos para los justiciables. También creemos que con esta modificación los jueces asumirán una mayor responsabilidad al resolver las controversias, toda vez que ya no contarán más con un tercero garante de la legalidad que se pronuncie sobre la actuación administrativa impugnada, sobre todo en un contexto en el que la propia administración pública ya no se limita a defender a sus organismos ante los juicios que los administrados inician en su contra, sino que también interpone demandas contenciosas administrativas, muchas veces por intereses políticos más que jurídicos.

En lo que sí discrepamos es en creer que, por el solo efecto de la ley, esta modificación haya convertido al proceso contencioso administrativo una “vía igualmente satisfactoria” al proceso de amparo, pues, como conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hemos analizado en otra oportunidad, eso se determina en función a la irreparabilidad del derecho constitucional afectado que se busca proteger.

En conclusión, la eliminación de la emisión del dictamen fiscal en los procesos contenciosos administrativos es una muestra positiva de la evolución del sistema de justicia, en el cual, por las circunstancias actuales, ya no resultaba necesario.