El gobierno central, mediante Ley N° 30506 ley que delega al Poder Ejecutivo facultad de legislar en materia de lucha contra la corrupción, emite el Decreto Legislativo N° 1265 que se trata de una normativa oportuna que demuestra una voluntad política de parte el Poder Ejecutivo de fortalecer la capacidad informativa de los justiciables que desean acceder a un patrocinio legal. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-JUS del 26 de enero de 2017 se aprueba el Reglamento del referido Decreto Legislativo.

La emisión del Decreto Legislativo Nº 1265, consta de siete (7) artículos, tres (3) disposiciones complementarias finales, una (1) disposición complementaria transitoria y una (1) disposición complementaria modificatoria; dicha norma a nuestro entender ha sido enfocado en tres ejes, a saber: prevención; registro (incorporación de información), sanciones y además del ámbito de aplicación de infractores.

El efecto directo respecto de la prevención es contar con una información actualizada que deberá ser remitida por el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, los Colegios de Notarios, los Tribunales Administrativos y los Colegios de Notarios, y demás entidades públicas referidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Así, si el abogado se encuentra sancionado no podrá prestar bajo contrato sus servicios profesionales en ninguna institución pública ni ejercer cargos o funciones en el Estado. A su vez, las entidades podrán consultar con el registro para descartar estas candidaturas o convocatorias, dado que la contratación de un abogado suspendido será, indefectiblemente, nula.

En razón a lo indicado, la inscripción en dicha nómina repercutiría en el desprestigio de la profesión, teniendo en consideración que dichos operadores jurídicos deben moverse bajo la escala de los valores sociales, siendo el fin primordial el consolidar el Estado Constitucional de Derecho en nuestra sociedad. A ello debemos agregar lo estipulado en el artículo 8 del Código de Ética de los Colegios de abogados del Perú, señala expresamente lo siguiente: “El abogado debe inspirar con sus actuaciones la confianza y el respeto de la ciudadanía por la profesión de abogado. Debe abstenerse de toda conducta que pueda desprestigiar la profesión”.

 

No obstante, consideramos que este régimen de sanciones que se señala el Reglamento del referido Decreto, invita a la reflexión acerca de imagen que proyectan actualmente la profesión del abogado y, sobre todo, las instituciones públicas, encargadas de impartir justicia. De una mirada rápida a los países vecinos respecto a este tema, podemos advertir que la aplicación se sanciones a los abogados que incurren en mala praxis es tema realmente importante. Solo para dar un ejemplo, en Chile solamente durante el 2015 y los primeros meses del 2016 distintos Tribunales de Justicia sancionaron a un total de 156 abogados, lo que representa 10% más que en el período del año 2014. [1]

 

No cabe duda que en la sociedad peruana existe una falta de legitimidad social del abogado que repercute silenciosamente entre todas las formas de ejercer esta profesión. Dicho esto, consideramos que la existencia de un régimen de responsabilidad del profesional abogado en nuestro país indirectamente ayudará con erradicar el descrédito del Poder Judicial, ello en la medida de que, si existe un juez corrupto, existe una parte y un abogado corruptos. Siendo ello así, el abogado litigante no debe olvidar que conforma una pieza clave como auxiliar en la impartición de justicia.

Tal como se precisa en el Reglamento, las sanciones que se inscriben en el Registro, son las siguiente: 1. Multa, 2. Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y/o función o cargo., 3. Separación temporal del Colegio al que pertenece el abogado.,4. Destitución de un puesto o cargo., 5. Expulsión definitiva del Colegio Profesional., 6. Inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Esta información será de forma gratuita al público en general por intermedio del Ministerio de Justicia, consideramos que sería conveniente establecer una plataforma virtual que permita el acceso a dicha información a través de cualquier dispositivo. La meta es ambiciosa, por cuanto lo que se requiere es efectivizar un genuino desempeño en la profesión.

[1] El Mercurio. Sanciones a abogados.  Publicación del 28 de febrero de 2016. Consultado el (15/02/2017) http://www.elmercurio.com/blogs/2016/02/28/39727/Sanciones-a-abogados.aspx