En el caso analizado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planteó una demanda de obligación de pago a la Municipalidad Provincial del Callao (la Municipalidad), a fin de que cumpla con abonar al Fondo de Compensación del SOAT (seguro obligatorio) la suma correspondiente a las multas impuestas durante los años 2004 a 2010, conforme lo establece el artículo 14 de su reglamento. En la demanda, el MTC expuso la tesis de la Municipalidad demandada, entidad que en comunicaciones previas le había señalado que la aplicación de dicho reglamento modificaría los artículos 191, 192 y 193 de la Constitución Política del Perú, ya que desde el año 2007 (y al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades) se entregó en concesión la administración, gestión y control de de las infracciones de tránsito al consorcio argentino -brasileño Tránsito Ciudadano.

A la luz de tales consideraciones, el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao consideró que no existe lógica entre los hechos y el petitorio, por lo que en el auto de calificación se declaró improcedente la demanda. A tal efecto, el Juzgado indicó que si bien existe una controversia sobre la obligación de dar suma de dinero, también lo es que no se está ante una relación jurídica obligacional, pues el demandado no tiene calidad de deudor en favor del MTC ya que de acuerdo a lo regulado por el artículo 69 incisos 2 y 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las multas constituyen rentas municipales y en consecuencia de ello, ambas entidades se consideran competentes para administrar los depósitos de recaudación; competencia que corresponde dilucidarse mediante el proceso correspondiente sobre el mejor derecho a percibir tales rentas.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó el auto apelado, considerando igualmente que existe un conflicto de competencia entre las partes, por lo que concluyó que no hay conexión lógica entre los hechos y el petitorio.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación, por la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y posteriormente lo declaró fundado, al advertir que el auto emitido por la Sala Civil de la Corte Superior incurrió en causal de nulidad, ya que no había tomado en consideración que el análisis realizado sólo corresponde ser dilucidado en un pronunciamiento de fondo de la litis y no en un auto de calificación, siendo función del Juez verificar debidamente la demanda. Agrega la casación que el MTC lo que está solicitando es el abono de un monto que ha sido materia de recaudación por la Municipalidad, en virtud del artículo 14 inciso c) del Reglamento del Fondo de Compensación del SOAT, que determina que es este el órgano facultado para gestionarlo y no la Municipalidad, siendo evidente que con ello sólo se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la actora. Finalmente, la Corte Suprema declaró nulo el auto que declara improcedente la demanda, ordenando a la Sala Civil de la Corte Superior emitir nuevo pronunciamiento considerando lo señalado en la Casación.