Adán López Blanco

Asociado del Área Procesal Civil

ablanco@er.com.pe

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto desde el año pasado la implementación de la oralidad en el proceso civil (Al respecto véase las Resoluciones Administrativas Nº 124-2018-CE-PJ y Nº 312-2018-CE-PJ), el cual se ha visto recientemente materializado con la Resolución Administrativa Nº 229-2019-CE-PJ, por medio del cual se ha aprobado la conformación de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en las distintas cortes superiores de justicia del país.

Esta iniciativa es una novedad en materia civil, pues las reformas a favor de la oralidad únicamente han estado centradas en el campo penal y laboral con el Nuevo Código Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal del Trabajo respectivamente; no teniendo nuestro sistema de justicia un antecedente claro o directo sobre la oralidad en el campo civil más allá de algunas normas jurídicas que a la fecha no se encuentran vigentes relativas a la celebración de las audiencias.

Así, la intención concreta de esta reforma oral del proceso civil es dotar de mayor celeridad y eficiencia al litigio, permitiendo que el mismo pueda ser resuelto en un menor espacio de tiempo prescindiendo de determinadas formalidades y alentando a los actores a evitar conductas dilatorias.

En tal sentido, los resultados preliminares de la aplicación de dicho enfoque oral del proceso civil en la Corte Superior de Justicia de Arequipa han arrojado resultados aparentemente positivos: Estadísticamente hablando en dicho distrito judicial, los procesos sumarísimos que tardaban doce meses en ser resueltos, pasaron a decidirse en un tiempo de dos meses; los procesos abreviados pasaron de tardar tres años a ocho meses y, finalmente, los procesos de conocimiento pasaron de durar seis años y medio a un año y dos meses.

A la fecha, las cortes superiores en donde se viene implementando esta reforma oral son las de Lima Norte, Ventanilla, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Moquegua, El Santa, Tacna, Cajamarca y Ucayali, sin perjuicio que en algunos juzgados del distrito judicial de Lima ya haya entrado en vigencia dicha reforma.

Con el objeto de conocer las implicancias de esta iniciativa es preciso ver cuáles son los ejes centrales sobre el cual gira esta reforma a fin de ver cómo ello impacta a los litigantes en el trámite o inicio de una controversia en los casos que su proceso judicial sea llevado bajo este nuevo enfoque:

1. Separación de los juzgados en órganos de trámite y de ejecución:

Una de las primeras novedades de esta reforma es la separación de los juzgados que sentencian los procesos (“juzgados de trámite”) con aquellos otros que únicamente se encargarán de ejecutar y hacer cumplir la decisión emitida por el juez al resolver el caso (“juzgados de ejecución”).

Así, con la creación del Juzgado Corporativo de Ejecución de Sentencias, existirá un órgano judicial independiente que velará por cumplir las decisiones del juez decisor, mientras que éste último se dedicará exclusivamente a resolver las controversias de los litigantes.

2. Creación de la Audiencia Preliminar y/o de Esclarecimiento de Hechos:

Otra novedad es el establecimiento, a través de este proyecto, de la Audiencia Preliminar y/o Esclarecimiento de Hechos en los procesos de conocimiento y abreviados en los casos que el juez así lo disponga.

Dicha audiencia supone toda una novedad en tanto la misma no se encuentra contemplada en el Código Procesal Civil ni en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suponiendo una modificación del desarrollo del proceso civil.

Independientemente de la opinión que se puede tener sobre la constitucionalidad de esta disposición, con el establecimiento de esta Audiencia lo que se busca es que el Juez pueda tener un conocimiento previo de los hechos de la controversia y pueda despejar dudas previamente a la etapa de la valoración probatoria.

3. División de las funciones administrativas:

A partir de la reforma oral, las funciones administrativas de los trabajadores judiciales se dividirán ahora en las labores relativas a la Sala de Audiencias, Atención al Público, Trámite Corporativo Oral Civil y Trámite Corporativo de Ejecución.

¿En qué consiste todo ello? Es que cada servidor judicial designado en dichas áreas será responsable de la correcta ejecución y cumplimiento de las formalidades necesarias para que no exista algún retraso o dilación en el proceso. Por ejemplo, el personal encargado de la Sala de Audiencias, se encargará de todo el aspecto logístico a fin que las mismas puedan ser grabadas en vídeo.

4. División de los especialistas legales según la etapa del proceso

Finalmente, una de las novedades adicionales de esta iniciativa es que ahora los especialistas legales intervendrán en el proceso según la etapa procesal en que éste se encuentre. Así, dichos especialistas serán distribuidos en las sub áreas de calificación de la demanda, trámite, ejecución de las sentencias y de realización de diligencias externas, alentando de esta manera una mayor especialización en las funciones que realizan.