• Casación 842-2016, Sullana. Nulidad de proceso inmediato
    La referida casación marca pautas para la aplicación de la flagrancia delictiva y la preclusión de una etapa procesal, desde la óptica de una situación concluyente pero no absoluta frente a la limitación de derechos fundamentales. En este caso, la Sala optó por priorizar los derechos fundamentales del imputado frente a la formalidad de una interpretación de las normas procesales.La Corte Suprema señaló: “no es posible sostener como regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales…”; más aún cuando se encontraba comprometida una garantía constitucional referida al debido proceso, pues al imputado se le desvió de la jurisdicción determinada por la ley, derecho protegido por el artículo 139°, segundo párrafo, numeral 3, de la Constitución.
  • Sobre la inobservancia del principio tantum apellatum quantum devolutum. Casación Nº 4630-2012
    El órgano jurisdiccional revisor sólo podrá pronunciarse sobre lo que es materia del recurso de apelación,“tantum devolutum quantum apellatum”, debiendo circunscribirse el debate a los extremos apelados. En el presente caso, la Sala Civil Suprema señala que siendo esto así, al haberse vulnerado el debido proceso del recurrente corresponde que se anule la sentencia de vista impugnada. Consecuentemente, merece ser amparado al configurarse la causal de infracción normativa procesal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada.
  • Daño moral de las personas jurídicas. Casación Nº 2673-2010
    El Banco Central de Reserva del Perú – pretende que se le indemnice por el daño moral que el Instituto de Peruano de Economía le habría causado al hacer una publicación en su página web alegando que la entidad bancaria vende moneda extranjera con la intención de crear un ambiente de calma y reducir el impacto a una candidatura presidencial. Señala el órgano jurisdiccional que para amparar este tipo de procesos, el actor debe acreditar que la lesión efectuada por la acción antijurídica le causó perjuicio, hecho que no se da en el caso de autos, más aún si advertimos que la entidad recurrente sólo se limitó a cuestionar las opiniones vertidas en diferentes diarios del país, pero no demuestra con prueba fehaciente como lo dicho por el demandado le causó perjuicio.Agrega que, si tenemos en consideración que las publicaciones cuestionadas se hicieron en uso de la libertad de opinión consagrada en la Constitución, por cuanto el instituto demandado, se encuentra facultado para opinar respecto a la variación del precio de la moneda, más aún si, el Banco Central de Reserva hizo una intervención a gran escala comparada con los años anteriores para bajar el costo de la moneda extranjera. Por esta razón la Sala desestima el recurso.