El Tribunal Constitucional reconoce el derecho al agua como derecho fundamental – Expediente 6546-2006-AA

Recientemente ha sido recogido el Derecho al agua como derecho fundamental, en el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado respecto a este derecho en el Expediente Nº 6546-2006-AA sentencia en la cual resaltan los siguientes fundamentos:

(i) El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito supone primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización le corresponde promover fundamentalmente al Estado. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser humano sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia de dicho elemento el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aún aquellas otras que sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia.

(ii) El Estado se encuentra en la obligación de garantizar a los ciudadanos cuando menos tres cosas esenciales: el acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del recurso. No se trata, por consiguiente, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario.

Lea la sentencia en el siguiente link: Legis, http://bit.ly/2uz1O7G

 

“Identidad dinámica del menor” – Caso de impugnación de paternidad y filiación. Casación 950-2016, Arequipa

El caso se refiere al recurso de casación interpuesto por el demandado Luis Alberto Medina Vega contra la sentencia de segunda instancia, que confirma la sentencia apelada, de fecha 01 de abril de 2015, que declara judicialmente que don Joel Eduardo Vilca Flores es padre de la menor de iniciales F.K.M.S, hija concebida con Olivia Olinda Sánchez Medina de Medina debiendo quedar el nombre de la menor, como Fiorella Kathy Vilca Sánchez. En sentencia casatoria, la Sala Suprema señaló lo siguiente:

(i) El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que el derecho a la identidad, a que se refiere el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución “(….) ocupa un lugar esencial entre los atributos esenciales de la persona. Como tal representa el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es, encontrándose constituido por diversos elementos tanto de carácter objetivo como también de carácter subjetivo. (…).”

(ii) Se advierte que en el presente caso no se ha tomado en cuenta la identidad dinámica que se ha configurado en la menor, como se desprende del informe social de fojas 391 en cuyas apreciaciones se señala “La menor se encuentra en aparente buen estado de salud, refiere sentirse bien con su papá Luis y sus hermanos, con quienes mantiene una buena relación, manifiesta su deseo de permanecer junto a su familia con la cual está viviendo actualmente”.

Es menester destacar que la posesión de estado denota fehacientemente dicho estado de familia que se ostenta respecto del presunto padre o presunta madre y, el niño al crecer, va asimilando la identidad de la familia y cultura en que vive.

 

Valoración de pruebas no ofrecidas vulnera la debida motivación. Casación 618-2015

Señala el Colegiado en sus fundamentos por los que casaron la sentencia de vista de fecha 14 de abril de 2015 que, la debida motivación de una sentencia exige que exista; a) fundamentación jurídica, esto es, la valoración pertinente y completa de las cuestiones de Derecho aplicables al caso; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que implica la expresión de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) suficiencia, vale decir que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (TC Exp. N ° 02462-2011-PHC/TC).
Señala el Colegiado que, inclusive si se tomara como cierta dicha afirmación vertida en ambas instancias, ello implicaría que durante el juicio oral se introdujo un elemento de prueba que no fue propuesto ni admitido en las etapas procesales pertinentes. Dicha situación se encuentra expresamente proscrita en el inc. 2, del artículo 383 del Código Procesal Penal, donde se señala que todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor. Desde esa perspectiva, el irregular proceder de primera instancia, reafirmado en segunda instancia, se constituye en una grave afectación a la garantía constitucional del debido proceso.
Finalmente, tanto la ocurrencia del hecho incriminado como la vinculación de los imputados debe encontrarse debidamente motivada independientemente, es decir, la ocurrencia del hecho incriminado deberá contar con fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y expresar justificación de la razón adoptada.
Lea la sentencia aquí: Legis, http://bit.ly/2u5Nkyr