Con la llegada del COVID empezamos un nuevo mundo. Hábitos y costumbres han cambiado de manera radical en nuestras vidas. Hoy tenemos tecnología e internet a diferencia de otras pandemias, por lo que debemos utilizarla y eso nos lleva a renuncias por un fin mayor. Ahora bien, como sabemos, el tratamiento de la información sólo puede ser para fines determinados por la Ley y no puede utilizarse para cuestiones ilegales.

Con el COVID-19 y en la línea de lo que se ha instaurado en otros países, se vienen tomando medidas vinculadas a aspectos tecnológicos y una de ellas está referida a la geolocalización, generalmente usada con dispositivos móviles con acceso a Internet. Consiste en proporcionar una ubicación geográfica de modo automático de un objeto en un sistema de coordenadas determinado, en otras palabras, permite ubicar a una persona con su móvil en tiempo real y, además permite saber en qué lugar ha estado esa persona días antes.

En los últimos años se ha debatido sobre cuestiones jurídicas no resueltas, particularmente relativas a los límites de la geolocalización en relación a la privacidad de las personas. La privacidad nos plantea uno de los más importantes dilemas en la sociedad, en un mundo del conocimiento y la información donde si bien es cierto, nuestra vida en ciertos asuntos nos la facilitan, podemos perder algunas de nuestras libertades.

Por ejemplo, hoy en el Perú la geolocalización es utilizada por jueces penales quienes por mandato judicial solicitan a prestadores de servicios de telecomunicaciones o comunicaciones, datos relativos a los abonados donde se tienen la presunción de que pueden haber cometido delitos.

En relación al coronavirus existen dos derechos fundamentales que se contraponen, el derecho a la salud de todos los peruanos versus el derecho a la intimidad. En ese orden de ideas, ¿está bien dictar una medida legal para localizar a aquellas personas que estén infectadas o puedan ser sospechosas con la finalidad de adaptar medidas sanitarias y así evitar la propagación del virus? La respuesta es evidente. Por ello, nuestro Gobierno ha dictado el pasado viernes 17 de abril de 2020, el Decreto Supremo Nº 070-2020-PCM, mediante el cual se establecieron medidas excepcionales en el marco del Estado de Emergencia, destinadas a establecer los lineamentos en el tratamiento de datos personales para la identificación, localización, geolocalización y seguimiento de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en nuestro país.

Dichas medidas son aplicables para los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos Adscritos, al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Seguro Social de Salud (ESSALUD), la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), las Direcciones Regionales de Salud DIRESA de los Gobiernos Regionales GORES, la Policía Nacional del Perú–PNP y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas–CCFFAA.

Para ello, se han establecidos mecanismos para la obtención y acceso interinstitucional a los datos de identificación y geolocalización de casos sospechosos y/o confirmados con COVID-19, con la finalidad de que, mediante dicha información, se puedan adoptar las medidas sanitarias correspondientes, así como las acciones de prevención y control necesarias para evitar la propagación del virus.

La referida información, según lo dispuesto en el Decreto Supremo, será obtenida a través de:

  • Las llamadas realizadas a las centrales telefónicas de emergencia 113 (Minsa) y 107 (EsSalud), reportando síntomas de COVID-19; y,
  • El llenado del cuestionario nacional o triaje inicial digital nacional para la identificación de casos sospechosos de COVID-19, que será remitido a todos los abonados por parte de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

Cabe agregar que la información obtenida a través de dichos canales pasará por un proceso de anonimización y posteriormente remitida a las diversas entidades para el cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo, entre ellas, organismos públicos adscritos del MINSA, Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, Policía Nacional del Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas–CCFFAA, a través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado.

Asimismo, se ha establecido, entre otras medidas, que las entidades que accedan a los datos personales señalados deberán utilizar dicha información únicamente para las finalidades previamente definidas; debiendo establecer medidas técnicas, organizativas y legales correspondientes para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos hasta su eliminación, una vez terminado el Estado de Emergencia Nacional.

Para mayor detalle respecto de las medidas contempladas por el Decreto Supremo Nº 070-2020, presentamos el siguiente diagrama: