Flexibilidad del arbitraje vs formalidad del proceso judicial en la actuación de medios probatorios

El Derecho al Debido Proceso engloba el derecho a la defensa y, por consiguiente, es el derecho que tienen las partes a probar sus afirmaciones con todos los medios probatorios que la ley permite. En efecto, existen diversas formas que las partes deben cumplir para que la prueba sea admitida y, posteriormente, valorada por el Juez. Esto en la práctica judicial se torna en un exceso de formalismo, dado que se ve limitada por requisitos de procedibilidad para el ofrecimiento de pruebas que la propia ley requiere.

Si bien el juez dentro del proceso tiene la capacidad de eliminar las barreras formalistas que existen, ello no significa que tenga la facultad de eliminar los requisitos de procedibilidad del ofrecimiento de los medios probatorios. Desde dicha óptica, el proceso judicial es esencialmente formalista y a ello se suman la carga procesal de cada juzgado y el poco control que el juez puede tener sobre recursos administrativos y, sobre todo, en el cumplimiento de los plazos procesales, incurriendo así en la llamada “morosidad procesal”.

Al someter las partes su controversia ante un tribunal arbitral encuentran que, efectivamente, el arbitraje es notoriamente más flexible en el aspecto probatorio, dado que no existen los exigentes requisitos para su ofrecimiento. Una muestra de ello es lo regulado en el artículo 34° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley que regula el Arbitraje, señalando que las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. No obstante, a falta de acuerdo o de un reglamento aplicable, será el tribunal quien decida las reglas que considere apropiadas, dependiendo de las circunstancias del caso.

Puede darse que en un proceso judicial los hechos ocurridos en la realidad no logran formar parte de la llamada “verdad procesal” que señala, pues esta puede quedar vacía si las partes no tienen la posibilidad efectiva de demostrar sus afirmaciones en juicio, al no poder cumplir con determinados requisitos pre establecidos para que las pruebas puedan ser admitidas.

En la experiencia del arbitraje se puede observar que de mutuo acuerdo, las partes junto con los árbitros, tienen la facultad de ponerse de acuerdo respecto de los tiempos probatorios y la cantidad de audiencias necesarias para la resolución del caso. En ese sentido, las reglas arbitrales preestablecidas se convierten en instrumentos para guiar la secuencia de los actos en el arbitraje, pero sobre todo, sirven como herramientas de organización para las partes y el árbitro, quienes de común acuerdo pueden realizar modificaciones a la luz de las reglas de la buena fe.