Adán López Blanco

ablanco@er.com.pe

Asociado del Área Procesal Civil

Una reciente sentencia casatoria de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha dado importantes y nuevos conceptos sobre los alcances de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda que se ha previsto en el numeral 4 del artículo 446 del Código Procesal Civil.

Previo a conocer los hechos del caso que ameritaron el sentido de la sentencia casatoria, es preciso exponer que esta excepción procede contra las demandas o reconvenciones cuya delimitación de los hechos y/o el petitorio no sea claro, de modo tal que impide al demandado realizar una defensa en igualdad de condiciones materiales.

Ahora bien, los hechos del caso que ameritaron este criterio jurisprudencial se dieron con ocasión de la presentación de una demanda de divorcio sobre la cual la parte demandada interpuso esta excepción de oscuridad o ambigüedad sin perjuicio de tener que contestar la demanda.

Una vez que el juez resuelve la excepción interpuesta (lo cual se dio de manera posterior a la contestación de la demanda), éste la declara fundada y ordena suspender el proceso mientras el demandante subsanaba los defectos advertidos. Una vez cumplido dicho mandato el demandante, el juez volvió a admitir la demanda y ordenó emplazar con la misma a la parte demandada.

Lo resaltante de este caso es que el juez no declaró la nulidad de la primera resolución que declaró admisible la demanda presentada de manera defectuosa ni tampoco dejó sin efecto la contestación de la demanda que realizó la parte demandada antes que el juez se pronunciara sobre su excepción interpuesta.

Sin embargo, aún con ello, el juez declaró rebelde al demandado excepcionante por considerar que no había procedido a contestar la demanda, ya que en su análisis todo lo anterior que había sucedido a la resolución que amparó la excepción procesal se tenía como inválido.

Una vez que la parte demandada cuestiona dicho criterio, el caso llega a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la cual luego de analizar el caso, estableció como criterio que aquellas excepciones procesales que se resuelvan de manera posterior a la contestación de la demanda, deben decretar en primer lugar la nulidad de los actos procesales previos que se hayan realizado a fin que estos se renueven debidamente.

En el presente caso debemos tener en cuenta que existía un problema de preclusión procesal, pues la resolución judicial que declaró como rebelde a la parte demandada no fue impugnada por ninguna de las partes, pudiéndose pensar que sobre este extremo no habría ya lugar para discutir la calidad en la que se encontraba el demandado.

Sin embargo, fuera de este análisis sobre la preclusión de la resolución que declaró la rebeldía del demandado, es preciso centrarnos en la solución dada por la Corte Suprema de Justicia en que el juez que resuelve la excepción procesal debe disponer la nulidad de las actuaciones previas.

De acuerdo con nuestro Código Procesal Civil, no existe norma alguna que disponga la nulidad de tales actuaciones previas ni tampoco se establece la obligatoriedad que la demanda subsanada deba ser absuelta por el demandado excepcionante a fin de no declararse su rebeldía.

Así pues, la solución que adoptaron en un primer momento los jueces de primera y segunda instancia eran inconvenientes para el ejercicio de un debido proceso de cargo de la parte demandada, pues se le condenó a una rebeldía no por no contestar la demanda (que sí lo hizo), sino por no absolver el traslado de la demanda subsanada a raíz del amparo de la excepción.

Este criterio de la Corte Suprema de Justicia es adecuado con el ejercicio del derecho al debido proceso, pues mientras los órganos de primera y segunda instancia pusieron el foco de atención donde debían recaer las cargas procesales en el demandado excepcionante, la Corte Suprema de Justicia no hizo lo propio, bajo el entendido que es justamente dicha parte procesal quien se ha visto afectada en el proceso como consecuencia de haber tenido que defenderse de una demanda con hechos o petitorio ambiguo o confuso.

Recordemos que en nuestra legislación, la sola interposición de una excepción procesal no da lugar a la suspensión de la contestación de la demanda, sino que ella se debe realizar mientras el juez se pronuncia sobre la defensa de forma del demandado.

Esta situación es especial en la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, pues a diferencia del resto de mecanismos de defensa, el demandado aquí va tener que realizar una defensa de fondo sobre hechos o pretensiones que pueden resultarles confusas o ambiguas, situación que puede perjudicar su derecho de defensa.

En tal sentido, previo a que un juez pueda imponer cargas procesales al demandado excepcionante en situaciones particulares como las del presente caso (parte afectada frente a una demanda inicialmente defectuosa), debe hacerlo siempre que de manera previa haya delimitado las posibles consecuencias de determinadas actuaciones procesales, como lo fijó la Corte Suprema de Justicia en el presente caso en que debía –de manera expresa– haberse declarado la nulidad procesal de la primera resolución que admitió a trámite la demanda.