Tras casi un año desde la emisión del Decreto Legislativo N° 1342 que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía a las decisiones jurisdiccionales, el pasado 10 de noviembre se publicó el reglamento correspondiente a través del Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, que dispone, entre otros aspectos, que dentro de los próximos 180 días hábiles el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá establecer un plan de implementación que contemple un calendario oficial de aplicación progresiva de la Plataforma de Acceso a las Resoluciones Judiciales.

Dicha plataforma deberá incluir tanto las decisiones del Poder Judicial (que son propiamente los pronunciamientos jurisdiccionales que materializan la intervención de la autoridad estatal en el litigio, o “iurisdictio”), como las resoluciones disciplinarias de la OCMA y sus oficinas descentralizadas, así como de la Fiscalía Suprema de Control Interno y oficinas desconcentradas del Ministerio Público (también con relación a medidas disciplinarias). Asimismo, la referida plataforma incluirá reportes de jurisprudencia, a fin de difundir líneas jurisprudenciales y decisiones relevantes de las Salas Superiores y Supremas.

Esta iniciativa propone materializar el principio de publicidad de los procesos inherentes a la función jurisdiccional. Resulta interesante advertir que el reglamento prevé una novedosa participación interinstitucional, ya que independientemente de las entidades que nutrirán de información a la plataforma (Poder Judicial, OCMA, Ministerio Público), se especifica que el Consejo Nacional de la Magistratura supervisará el cumplimiento por parte de las entidades informantes, en tanto que la plataforma será administrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tratándose de un registro virtual de libre acceso para la ciudadanía, el reglamento pone especial énfasis en el caso de resoluciones referidas a controversias que afecten la esfera más íntima de las personas; por lo que en dichos casos –y aun cuando tales resoluciones igualmente podrán ser difundidas- se incorpora el concepto de “anonimización” , a fin de que no pueda identificarse a las personas involucradas en controversias tales como violaciones, violencia familiar, etc.; por lo que cualquier dato que pudiera revelar su identidad será eliminado irrevocablemente para garantizar la protección a la intimidad.

Establecidas las pautas de este nuevo banco de información que se implementará el año 2018, los operadores del derecho quedamos a la expectativa de que sirva como instrumento de difusión para la colectividad y que se vayan reforzando precedentes jurisprudenciales de la más alta calidad, lo cual redundará en la seguridad jurídica. Por lo pronto, y en la medida que se trata de una base virtual de libre acceso, esta medida resulta acorde a las políticas de desmaterialización documental que ya viene ejecutando el Poder Judicial en frentes tales como la notificación electrónica o el expediente judicial electrónico.