Por: Elizabeth López García

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ha resuelto sancionar a diversos centros educativos de Lima, al haber dispuesto la retención de libretas de notas en atención al incumplimiento del pago de las pensiones escolares. Este hecho configura para la Comisión una medida intimidatoria para el normal desenvolvimiento de los alumnos.

Las resoluciones precisan que dicha conducta contraviene la normativa de protección al consumidor. Por su parte, el artículo 16° de la Ley N° 26549 – Ley de los Centros Educativos Privados establece que, frente a la falta de pago de las pensiones de enseñanza, los colegios pueden retener certificados de estudios correspondiente a los periodos no pagados siempre que, previamente, se haya informado a los padres de familia que adoptarán dicha medida.

Consecuentemente, la retención de libretas de notas como medida para el cobro de las pensiones de enseñanza constituye una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Si bien es cierto, el Boletín emitido en el año 2010 por el INDECOPI señala que los centros educativos podían retener las libreta de notas ante el incumplimiento de pago de las pensiones escolares, la resolución precisa que no constituye un documento idóneo y que la Sala de Protección al Consumidor sanciona la retención de libretas de notas. El artículo 16° antes mencionado no contempla otra medida que la retención de certificados de estudios ante el incumplimiento de pago de las pensiones, no así el de la libreta de notas.

Para la graduación de la sanción, la Comisión se ha sustentado en el Principio de Razonabilidad teniendo en cuenta además la gravedad de la infracción, el beneficio ilícito esperado, la probabilidad de detección, el daño, los efectos que puedan ocasionarse, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación y los atenuantes o agravantes en cada caso.

Las sanciones impuestas a los seis colegios ubicados en la ciudad de Lima van desde 12.3 UIT (S/50,124.50) hasta 24.1 UIT (S/97,865.61).

Las resoluciones en referencia son impugnables por lo que estaremos atentos a la decisión de la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

Esta situación, que ha dado lugar a la imposición de sanciones pecuniarias, deberá ser contemplada por los centros educativos particulares el próximo año escolar 2018, a fin de evitar incurrir en infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.