• Obligar al trabajador a laborar horas extras podría ser considerado delito de trabajo forzoso

    El pasado 6 de enero de 2017se publicó el Decreto Legislativo N° 1323, decreto por el cual se modificaron e incorporaron diversos artículos al Código Penal, entre ellos el 168-B, el cual regula ahora el delito de trabajo forzoso.
    El referido artículo establece que “El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años”.

    Estando al texto del artículo, puede discutirse si el hecho que el empleador “obligue” a sus trabajadores a laborar horas extras podría ser considerado como delito de trabajo forzoso o, en el peor de los casos, solo una falta administrativa grave.

  • Renuncia involuntaria de un trabajador no podrá ser utilizada como defensa de los empleadores ante el reclamo de beneficios sociales
    La Corte Suprema, al resolver la Casación Laboral Nº 09019-2015-Lima, ha determinado que una carta de renuncia presentada por un trabajador será nula, si esta fue suscrita mediando error, dolo, violencia o intimidación.
    La Corte Suprema determinó que el motivo real del cese fue la voluntad del empleador de resolver el contrato, pues, en la apreciación de las pruebas aportadas en el proceso, se constató que el empleador, de forma permanente, le habría requerido al demandante la presentación de su carta de renuncia como condición para entregarle una suma de dinero.
  • Divorcio genera automáticamente copropiedad en los bienes de la sociedad de gananciales
    La Corte Suprema, al resolver la Casación N° 870-2016-Lima Norte, ha determinado que el solo divorcio acarrea el fenecimiento de la sociedad y, como consecuencia de ello, los ex cónyuges se convertirían, automáticamente, en copropietarios de los bienes que pertenecían al matrimonio. “Si por el hecho de existir un matrimonio se constituye la sociedad de gananciales, es lógico que ésta termina cuando el matrimonio mismo fenece”. En este caso, la Corte Suprema precisó que esta copropiedad sería en cuotas iguales para cada cónyuge pues, en el proceso, no se habría demostrado que exista alguna carga u obligación pendiente que pueda provocar la disminución del porcentaje de participación.