• Ley 30875, que agrava las penas por delitos cometidos por transportistas (29 de noviembre)

    El 29 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 30875, mediante la cual se modifica el artículo 46-A del Código Penal, agravando las penas de los delitos cometidos por transportistas o por quien simule serlo. De este modo, “constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo, en su desempeño como prestador de servicio de transporte público de personas, ya sea como conductor, copiloto, cobrador o ayudante, cualquiera sea su naturaleza o modalidad; o de servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados; o simulando ser conductor, copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de dichos servicios, cometa delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje.” En dicha situación, “el juez puede aumentar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad”.

 

  • Decreto Supremo 11-2018 (14 de noviembre)
    El 14 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 11-2018-JUS, que modifica el reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS. Dicha norma modificatoria incorpora el artículo 16-A que señala que la información contenida en correos electrónicos de los funcionarios es de acceso público, siempre que se refiera a temas de naturaleza pública.

    De este modo, se dispuso que, las Entidades adecuan los procedimientos de acceso a la información pública establecidos en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de acuerdo con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y normas modificatorias, en el plazo de 60 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente norma