La libertad de elección de los servicios notariales en las transferencias de bienes y derechos financiados

Paul Cajacuri – Asociado

pcajacuri@er.com.pe

El pasado 23 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la “Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para garantizar el derecho de libre elección del servicio notarial- Ley N° 30908” mediante la cual se incorpora el artículo 90-A, intitulado “Libre elección de los servicios notariales en la contratación de servicios financieros”1.

La novedad de dicha norma radica en su numeral 2, en el que se dispone que “En las transferencias de bienes o derechos financiados por entidades que conforman o no el sistema financiero, así como en los supuestos de contratación financiera, bancaria o crediticia, supervisados o no por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a las que se refieren los artículos 81 y 91, el derecho de libre elección del notario corresponde al consumidor o usuario.”

Como podrá apreciarse, la finalidad de lo regulado por el citado artículo es concreta: que los consumidores puedan elegir la notaría ante la cual se formalicen las transferencias de bienes o derechos financiados por entidades que conforman o no el sistema financiero. Entiéndase, por ejemplo, aquellas operaciones de financiamiento bancario para la adquisición de la casa propia y el respectivo gravamen que pesará sobre la misma (los que deberán constar en una escritura pública).

Entonces cabe preguntarse ¿cuál era la situación previa a la norma actual? Antes de la promulgación de la norma, se tenía el artículo 21 del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero2, el cual establecía que las entidades financieras brindaban al consumidor las alternativas de notarías donde concretar los trámites.

La innovación de la Ley consiste en establecer expresamente que, desde su vigencia, será de competencia del consumidor la elección de la notaría ante la cual se realizarán los trámites necesarios para la concreción de los negocios de financiamiento y adquisición de bienes y derechos. Por ello es que en la exposición de motivos de la ley3 en comentario, refieren que la imposición de las entidades financieras de tener que elegir una notaría dentro de un número reducido de opciones, genera que los usuarios tengan que desplazarse a distritos diferentes a su domicilio, lo cual le causa un perjuicio tanto al usuario como a la libre competencia de mercado de servicios notariales.

Fuera de que la alusión al daño causado es meramente especulativa, puesto que no se aprecia en la exposición de motivos algún método y/o resultado estadístico empleado para arribar a tal conclusión, se tiene que un consumidor interesado en recibir financiamiento para concretar la adquisición de bienes y o derechos, será uno de los más interesados en concretar el trámite notarial. Lo mismo que las entidades del sistema financiero, ya que las actividades de financiamiento constituyen precisamente su objeto social.

En suma, y si bien antes de la emisión de la Ley eran las entidad financieras quienes proponía las opciones y, generalmente, quienes señalaba al consumidor ante cual notaría llevar a cabo determinadas gestiones, esto se hacía a efectos de buscar agilizar el trámite financiero.

La regulación implementada por la Ley constituye (en apariencia) un reconocimiento y plena observancia a la libertad de elección del consumidor. Sin embargo, la norma incorporada por el legislador trae como consecuencia una interrogante: ¿cuál es el beneficio de realizar los trámites ante una u otra notaría?

Previo a responder la interrogante planteada, es oportuno señalar que en nuestro país no existe un sistema de fijación de precios de los servicios notariales, sino que cada notaría es la encargada de fijarlos a su criterio, sobre la base de la ley de la oferta y la demanda, ya sea por la ubicación de la Notaría, por la cantidad de notarías cercanas a un determinado distrito, entre otros aspectos.

Siendo así, los hipotéticos resultados positivos que se esperan conseguir son que el consumidor no sea compelido a elegir una notaría dentro de una lista limitada de opciones, sino que tenga plena libertad de elección, pudiendo optar por llevar a cabo sus operaciones ante aquella notaría que sea de su confianza, que le ofrezca mejores costos por los servicios notariales; o aquella más cercana a su domicilio o centro laboral, entre otros factores que serán analizados por el propio consumidor. Sin embargo, y es aquí donde debemos detenernos, el nuevo contexto donde el consumidor es el facultado a elegir la notaría, no determina necesariamente que la elección resulte ser la más adecuada y eficiente para la concreción del negocio que se pretenda formalizar, ya que por más que todas las notarías brinden los mismos servicios, entre ellas existirán algunas que sean más eficientes que otras.

Entonces, cabe cuestionarse si realmente no era conveniente que sea la entidad financiera la que brinde las opciones de notaría, ya que estas buscan concretar los negocios al igual que el consumidor, por lo que si las entidades financieras cuentan con determinadas notarías con las cuales habitualmente trabajan, ello constituye un factor que determina mayor celeridad en las gestiones, toda vez que la habitualidad habrá generado que se logre un estado de eficiencia mayor y esta ventaja obtenida, beneficia no solo a la entidad, sino también al consumidor.

Ahora imaginemos el escenario contrario, donde en atención a la norma, un consumidor opte por elegir una notaría cercana a su domicilio, la cual este ubicada lejos del domicilio de la entidad financiera. Un primer problema sería que el representante de la entidad financiera tenga que apersonarse a esta notaría, pues para que ocurra ello se requerirá de toda una gestión previa a efectos de no realizar un apersonamiento improductivo, y es precisamente esta gestión la que constituye a su vez el segundo problema. La entidad financiera tendrá que verse forzada a gestionar comunicaciones, intercambios de información, acordar y/o coordinar con las personas de la notaría que se harán cargo de la gestión y demás vicisitudes administrativas que indefectiblemente podrían retrasar la concreción del trámite notarial. El escenario planteado no resulta exagerado, sino por el contrario es sumamente realista. ¿Entonces, realmente se beneficia al consumidor? Al menos, en el caso planteado, la respuesta es negativa, puesto que las gestiones de financiamiento demandan celeridad que no se obtendría si suceden situaciones como la descrita.

Asimismo, se advierte que las notarías brindan (en su mayoría) mejores precios a una entidad financiera que al consumidor por ser el primero un cliente habitual. Así que no es una verdad a rajatabla que en todos los casos las opciones brindadas por las entidades financieras representen un perjuicio económico.

En efecto, si bien se entiende que la norma busca proteger principalmente la libertad de elección del consumidor, no debe perderse de vista que también es un interés primordial del mismo consumidor que sus trámites sean céleres. Por tal motivo, el nuevo escenario en el cual la entidad financiera tendrá que concretar los trámites notariales con sendas notarías, dependiendo de la elección de cada consumidor, no es una situación que consideramos que aporte (necesariamente) mayor celeridad a los negocios en todos los casos (ni tampoco menores costos notariales), sino que, al contrario, podrían retrasarlos.

En suma, a pesar que lo señalado son cuestiones que en apariencia pueden resultar triviales, en la práctica podrían significar problemas e incomodidades tanto para la entidad financiera como para el consumidor, en el extremo de dilatar innecesariamente el tiempo de trámites que deberían ser céleres.

Sin perjuicio de lo expuesto, esperemos que la Ley reporte los efectos positivos previstos, y, que en el mejor de los casos, se arribe a la situación conocida como “win to win”, donde todos los sujetos involucrados en el negocio sean contentados.

  1. Artículo 90-A. Libre elección de los servicios notariales en la contratación de servicios financieros

    1. El Estado garantiza el derecho del ciudadano a contratar con el notario de su elección en las condiciones de seguridad e infraestructura previstas en el presente artículo y en el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

    2. En las transferencias de bienes o derechos financiados por entidades que conforman o no el sistema financiero, así como en los supuestos de contratación financiera, bancaria o crediticia, supervisados o no por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a las que se refieren los artículos 81 y 91, el derecho de libre elección del notario corresponde al consumidor o usuario.

    3. Para el cumplimiento de la presente disposición, la empresa que financia la transferencia proporciona al usuario copia de los documentos registrales en los que consten las facultades de sus representantes o apoderados legales para suscribir los documentos públicos y privados en su nombre.

    4. El notario elegido debe identificar a los intervinientes, incluidos los representantes y apoderados legales de las personas jurídicas y está obligado a contar con herramientas e infraestructura física y tecnológica que le permita acceder a la información registral sobre los bienes, derechos o mandatos y poderes.

    Estas herramientas son las siguientes:

    a) Servicio de Verificación Biométrica (SVB) para consultas en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
    b) Servicio de Publicidad Registral en Línea de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
    c) Sistema de Identificación de Extranjeros.
    d) Dirección electrónica corporativa.
    e) Personal de atención al cliente bajo la conducción de abogado colegiado.
    f) La publicación en su oficio notarial o en su página web de los requisitos necesarios para el trámite notarial, del tiempo aproximado de atención y de los precios de sus servicios notariales.

    5. Las empresas que financian las transferencias deben otorgar las facilidades al notario elegido para que sus representantes o apoderados legales suscriban oportunamente los instrumentos notariales.

    6. Los colegios notariales están obligados a mantener la relación actualizada de los notarios que operan en cada jurisdicción que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. Esta relación debe contener los datos de contacto de la notaría y los precios de los servicios notariales, a fin de facilitar la elección que realice el usuario de la entidad financiera.

    La relación actualizada de los notarios está a libre disposición de las empresas que financian las transferencias, quienes tienen la obligación de proporcionarla a sus clientes o usuarios.”

  2. Artículo 21.- Responsabilidad de las empresas en la contratación de servicios notariales
    Las empresas deberán publicar en sus oficinas, junto al listado o tarifario, la lista de notarios con los que operan, así como sus datos de contacto y costo del servicio, a fin de facilitar la elección en los distritos en los que se encuentren localizadas las oficinas donde se pueda solicitar productos que requieren del servicio notarial o en distritos colindantes.”
  3. Proyecto de Ley N° 1738/2017-CR, sustento de la N° 30908. Disponible en: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0173820170804.pdf