Un filtro para cualquier análisis de reforma del sistema de justicia: velar por la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional. A propósito de un proyecto de ley que en su primera exposición de motivos pareciera que nos pretende sorprender con información tergiversada.

Existe una constante disyuntiva en la ciudadanía sobre la calidad de la impartición de justicia, entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin duda alguna, es menester de estos tiempos pensar en una reforma del sistema de justicia en aras de mejorar la calidad del servicio, sobre todo, buscar que dicha actividad se encuentre legitimada por la sociedad. Hemos sido testigos, y seguimos siéndolo, del caso Lava Jato, en donde un juez puso contra las cuerdas al gobierno de Brasil, demostrando la independencia del Poder Judicial frente a la pugna y presión que existen entre otros poderes políticos.

Es justamente en la independencia de la función jurisdiccional en donde recae todo análisis, interpretación o postulación de reformas de justicia. Ese es el filtro que tarde o temprano sale a la luz cuando hablamos de una reforma, como es el caso, del Consejo Nacional de la Magistratura, pues en realidad aquellas personas que acuden a buscar el servicio de justicia pueden desconocer de qué manera el juez o fiscal que lleva el caso ha llegado hasta donde está.

Ahora bien, si esa pregunta escapa del análisis de un ciudadano, lo único que vamos a seguir teniendo es la eterna disconformidad sobre el sistema judicial, pues muchas veces la sociedad civil está ajena a los problemas hasta que los medios los ponen en la palestra. Sin embargo, quienes conocemos y, por decirlo así, convivimos con el sistema de justicia, sabemos dónde se gesta el problema y, sin mayores reparos, debemos opinar sobre las herramientas para garantizar el mejor desempeño de la importante labor que compete a los jueces y fiscales.

Cuando hablamos de independencia del juez, nos estamos refiriendo a un concepto propio de la época contemporánea en donde las democracias deben acentuarse en cada país, siendo en la Constitución de Cádiz en el año 1812 la primera que rigió en las colonias americanas, en la cual se encontraba la siguiente disposición: “Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, separan de tal modo las funciones del juez de cualquier otro acto de autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto”.

La propuesta de reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación y requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura

La propuesta de reforma constitucional modifica el artículo 155 de la Constitución, incorporando la representación de un miembro del Poder Ejecutivo y uno del Poder Legislativo, un miembro elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad, un miembro elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad y uno elegido por los miembros precedentemente señalados. ¿Dónde está la representatividad de la sociedad civil? ¿No es acaso que la actividad jurisdiccional se realiza en función de la sociedad civil o es que esta reforma esconde una tendencia política?

En este punto es importante señalar que existen el Oficio N° 214-2017-PR, que fue ingresado al Congreso el 28 de julio de 2017 y el Oficio N° 217-2017-PR, ingresado con fecha 31 de julio de 2017. Ambos proyectos contienen la misma exposición de motivos, con excepción de un párrafo importante referido a la tendencia en el derecho comparado. Sin embargo, la información colocada en dicho documento no es la verdadera tendencia del derecho comparado, como  describimos a continuación. ¿Nos quisieron engañar o se equivocaron?

En efecto, en uno de los documentos presentados al Congreso, se aprecia que en la exposición de motivos -cuando justifica el proyecto de ley- cita un documento denominado “El Consejo de la Magistratura – Abordaje Crítico y Sistémico desde diversas perspectivas”, documento doctrinario que consta de once artículos de diversos autores. Así, tenemos que uno de esos artículos ha sido citado, pero de manera totalmente descontextualizada con relación al mensaje que quiere transmitir el documento en conjunto. En efecto, el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo Peruano en su justificación[1] cita un párrafo del artículo del Dr. Alonso Melania[2] que explica principalmente la importancia de la participación de los distintos sectores en la integración del consejo, para lo cual transcribimos parte del párrafo que se ha citado en la exposición de motivos: “Por un lado, incluir a los jueces coadyuva a su independencia, a la par de establecer la participación de otros sectores aparece como necesario para evitar que los Consejos se encuentren aislados (…). En ese contexto, no deberá descartarse de ningún modo la inclusión de representantes directos de la sociedad, pues aportarían una nueva perspectiva al Consejo”.

Dicho párrafo es una conclusión a la que llega el autor luego de repasar cómo es la elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura en otros países. En efecto, el autor explica cómo están conformados el Consejo de la Magistratura en Argentina, Italia, México, España, Colombia, Ecuador, etc. Si bien es cierto, cada país elige a los miembros que representan diversos sectores de la sociedad, advertimos que todos los países que fueron mencionados por el autor coinciden en lo siguiente:

  1. Los Consejos tienen mayor presentación en miembros del Poder Judicial y/o Ministerio Público.
  2. En los países donde existen representantes del Poder Ejecutivo y/o Legislativo, estos no representan más del 25% de la totalidad de los miembros del Consejo.
  3. Existe una intención de hacer efectiva la participación de la ciudadanía y transparentar los procedimientos y la toma de sus decisiones.

Entonces podemos concluir que se nos está desinformando, por lo que el Proyecto de Ley no tendría cabida en nuestra Constitución, más aún cuando no es la tendencia en el derecho comparado.

Alonso Melania[3] afirma que “en cuanto a la composición del Consejo, cabe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) el número de integrantes, b) sectores representados y su incidencia en la composición, c) identidad entre el sector representado y d) participación en la integración de un representante de la ciudadanía distinto del legislado”. En el nivel comparado, para la conformación del Consejo existe una clara presencia de miembros del propio Poder Judicial y Ministerio Público, y en ningún caso se observa la injerencia o mayoría de otros poderes del Estado, sobre todo en contextos políticos como el de nuestro país, en donde una opción partidaria puede encontrarse enraizada en determinado poder del Estado.

Si bien es cierto, la imposición de la voluntad de la mayoría no es democracia, tampoco lo es la imposición de los poderes del Estado como una clara injerencia frente a la independencia del Poder Judicial y Ministerio Público. Estamos a favor de una reforma, pero no aquella que retroceda al largo camino de real democracia que queremos para nuestro país.

En algunas Constituciones le dan participación a los poderes políticos en el Consejo, pero nunca esta participación tiene un rol predominante. En nuestra Constitución la participación política es inexistente por lo que de una u otra manera, no se entiende la propuesta de reforma.

Consideramos, así como también señala la doctrina, que existe una directa incidencia que tiene o debería tener el Consejo de la Magistratura en la actividad jurisdiccional, por lo que el planteamiento de la reforma del Consejo debería analizarse desde otro ángulo y quienes lo conforman, en lugar de los poderes políticos, deberían ser aquellos que representen a la sociedad civil y estén involucrados con la vida jurídica del país.

En efecto, hoy el Consejo de la Magistratura no está en crisis como consecuencia de los miembros que la componen, sino debido al mecanismo de elección de cada uno de sus miembros. Las elecciones no son realmente democráticas por lo que eso debe cambiar, y adicionalmente se eligen a personas absolutamente ajenas a la vida jurídica del país, situación que es un absurdo. En efecto, cuando es un organismo colegiado el que decide, es necesario que en ese organismo se encuentren consensos, lo que es difícil. Lo que está mal en la actualidad es que los mecanismos para que el organismo colegiado genere consensos no son los adecuados y a ello debería apuntar la modificación legislativa.

En ese mismo sentido, es imposible que un profesional no formado en derecho pueda hacer una evaluación integral de nuestros jueces o fiscales. La evaluación formativa y académica del magistrado es importante, sin embargo es más relevante la evaluación personal, el analizar cómo se desarrollan las resoluciones, la calidad y comprensión jurídica de las mismas, la fundamentación, el uso de la doctrina, la coherencia lógica, entre otros, evaluación que hace hoy el Consejo Nacional de la Magistratura, siendo un error que sea hecha por profesionales ajenos al derecho. Inclusive tenemos por ejemplo la Resolución Número 120-2014[4] emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura, la misma que constituye un precedente vinculante, el cual establece reglas generales en virtud de las cuales se evaluarán[5] todas las resoluciones, dictámenes entre otros, producidos por los magistrados de nuestro país. ¿Acaso eso lo pueden hacer personas ajenas a la vida jurídica del país?

He ahí uno de los principales problemas del Consejo Nacional de la Magistratura actualmente, que es muy distinto de la reforma que se pretende hacer.

Finalmente, Mariano Lombardi[6] en el mismo documento citado por el poder Ejecutivo en su primero proyecto, cita a Karl Loewenstein señalando lo siguiente:

“Karl Loewenstein señalaba ya en 1976: “La medida ideal para valorar el procedimiento de nombramiento de los jueces se basa en dos puntos de vista: primero, deberán quedar excluidas todas las influencias políticas; por otra parte, deberá haber absoluta seguridad de que solo el más dotado, teniendo en cuenta su capacidad profesional y su integridad de carácter, tendrá acceso a la carrera judicial (…)

Creemos pues que es un error la reforma legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo para modificar la Constitución. No deben existir influencias políticas, menos que éstas sean determinantes.

Por Fernando Rodríguez Angobaldo – Abogado

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[1] Justificación realizada para pretender convencer a la opinión pública, la importancia de incorporar en la Constitución la conformación de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura elegido por nuestro Poder Ejecutivo y otro por nuestro Poder Legislativo.

[2] Melania Alonso. Los consejos de la magistratura. Análisis a partir del derecho comparado. En: El Consejo de la Magistratura, abordaje crítico y sistémico desde diversas perspectivas. Buenos Aires: Jusbaires, pág.40.)

[3] Melania Alonso. Los consejos de la magistratura. Análisis a partir del derecho comparado. En: El Consejo de la Magistratura, abordaje crítico y sistémico desde diversas perspectivas. Buenos Aires: Jusbaires, pág. 37)

[4] Resolución emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 20 de mayo de 2014. El mismo, constituye un precedente administrativo que es de obligatorio cumplimiento para la evaluación integral y ratificación de los Magistrados y del Ministerio Público.

[5] Evaluación que realiza los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

[6] Lombardi, Mariano. Sin pueblo no hay justicia. Relación entre el Consejo de la Magistratura y la política. En: El Consejo de la Magistratura, abordaje crítico y sistémico desde diversas perspectivas. Buenos Aires: Jusbaires, pág. 188)