Introducción

 

El 24 de mayo de 2018 ha sido publicada en la Separata “Jurisprudencia” del Diario Oficial “El Peruano” la sentencia de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema recaída en la Casación Laboral N° 6763-2017 Moquegua, en el proceso sobre Pago de Beneficios Sociales seguido por Marco Augusto Enrique Del Castillo Gálvez contra la Empresa Practimar Ilo S.A.C., en cuyo Cuarto Considerando se ha establecido que:

“(…) la interrupción de la prescripción debe ser aplicada a partir de una interpretación de la norma que favorezca la continuación del proceso conforme a lo previsto en el Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido, establece el criterio jurisdiccional siguiente:

Todo acto por el cual el trabajador dentro del plazo prescriptorio comunique a su empleador la voluntad de reclamar los derechos laborales que considera le son adeudados, constituye una interrupción de la prescripción”. 

 

Como se precisa en el numeral 3 de la parte resolutiva de la citada sentencia, dicho criterio constituye doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores (Juzgados y Salas Laborales Superiores).

 

Este pronunciamiento resulta altamente relevante, pues determina los parámetros que se tendrán en cuenta en sede judicial laboral para evaluar, interpretar y aplicar el momento en el cual se interrumpe el plazo de prescripción extintiva de los derechos laborales.

 

Desarrollo y análisis

El paso del tiempo tiene consecuencias jurídicas, en la medida que puede crear, modificar o extinguir derechos.

La posibilidad de reclamar ciertos derechos que ostentamos (en este caso, producto de una relación laboral) está sujeta a plazos máximos fijados por ley, dentro de los cuales debemos recurrir ante la autoridad correspondiente (administrativa o judicial)[1], en ejercicio del denominado derecho de acción. Cumplido dicho plazo, el titular del derecho pierde la posibilidad de reclamarlo.

En tal sentido, la prescripción extintiva puede definirse como el efecto que produce el transcurso del tiempo sobre los hechos o actos jurídicos, extinguiendo la acción para exigir el cumplimiento de los mismos, por no haber sido ejercida por su titular dentro del plazo fijado por la ley.

En el Derecho del Trabajo, como se precisa en la sentencia comentada (Tercer Considerando, numeral 1), procesalmente constituye un medio de defensa (excepción) que el empleador propone, al haber vencido el plazo legal, contra la demanda judicial de pago de determinados derechos generados como consecuencia de una relación laboral, que le formule un ex trabajador.

Por tanto, según el fallo en mención, los requisitos para que opere la prescripción extintiva laboral, son los siguientes:

1. Existencia de un derecho (laboral) que pueda ejercitarse por quien ostenta la titularidad del mismo;
2. No ejercicio (oportuno) de ese derecho por su titular; y,
3. Transcurso del tiempo fijado en la ley, en relación al citado derecho.

Citando al autor Frescura y Candia , la sentencia comentada añade que:

“la prescripción liberatoria responde a exigencias de orden público y seguridad social. Las relaciones jurídicas de base económica, lejos de ser perpetuas, tienen límites predeterminados por la ley, con sujeción al principio de que el acreedor debe mostrarse diligente en el ejercicio de su derecho y el deudor no puede quedar supeditado al mismo per vitam. La prescripción como institución de orden público ha sido creado para dar estabilidad y firmeza a las relaciones jurídico económicas, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la permanente posibilidad de litigio que apareja la indecisión de los derechos. Es también la utilidad social, por cuanto sirve para consolidar situaciones de hecho.
En efecto, ante la negligencia demostrada por el acreedor al no actuar cuando su derecho estaba abierto, la ley declara abandonada y extinguida la acción que pudo haber sido instaurado y, consecuentemente, libera al deudor”.

En el Derecho Laboral peruano la prescripción ha sido objeto de diversas regulaciones a través del tiempo. En el pasado reciente, la Constitución Política de 1979 estableció en su artículo 49 que la acción de cobro de remuneraciones y beneficios sociales prescribía a los 15 años; posteriormente, la Constitución Política de 1993 no estableció plazo expreso para las acciones laborales, que recién fue fijado por la Ley N° 26513, publicada el 28 de julio de 1995, y recogido después por la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, que a su vez fue derogada por la Ley N° 27022, publicada el 23 de diciembre de 1998, que estableció que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 2 años; y esta última derogada por la Ley N° 27321, publicada el 22 de julio de 2000, que establece finalmente que las acciones por derechos laborales prescriben a los 4 años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral.

Por tanto, el cómputo del plazo de prescripción debe efectuarse a partir del cese de la relación laboral, posición que tiene respaldo en el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997, en el cual se acordó por unanimidad que: “El plazo de prescripción de los beneficios de carácter laboral computa conforme a la norma vigente al momento que la obligación sea exigible, salvo que por norma posterior se estipule un plazo distinto, en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero”.

Sobre la interrupción de la prescripción, citando al autor Rubio Correa , la sentencia precisa que:

“La interrupción de la prescripción consiste en la cancelación del lapso del plazo transcurrido hasta que aparece la causal y en el inicio de una nueva cuenta. En otras palabras, la aparición de una causal de interrupción del plazo de prescripción, fija un nuevo término inicial para dicho plazo y, el conteo anterior, es como si no hubiera existido”.

Por ejemplo, si Juan Pérez tiene derecho a formular ciertos reclamos laborales y cesa el 31 de diciembre de 2013, tenía hasta el 31 de diciembre de 2017 (4 años después) para no ver prescrito su derecho de acción, que de acuerdo al numeral 3 del artículo 1996 del Código Civil solo podría verse interrumpido con la “citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente”.

En la práctica procesal, el plazo prescriptorio extintivo tomaba como referente la fecha en la cual el empleador era notificado con la demanda judicial.

 

Precisión del caso

El demandante cesó el 20 de abril de 2011, por tanto, tenía hasta el 20 de abril de 2015 (4 años después de su cese laboral) para ejercitar su derecho de acción, lo cual se materializaría con la notificación de la demanda judicial a su empleador hasta la fecha señalada, sin embargo, se aprecia del Sexto Considerando del fallo comentado, que presentó su demanda recién el 12 de agosto de 2015, casi 4 meses después de vencido dicho plazo.

En tal sentido, si bien habría operado la prescripción extintiva, en aplicación literal del numeral 3 del artículo 1996 del Código Civil, al haber presentado una queja por el no pago de sus beneficios sociales el 12 de marzo de 2015 (un mes y días antes del vencimiento de dicho plazo) ante la Zonal de Ilo de la Dirección de Trabajo de Moquegua, que fuera admitida mediante Decreto Jefatural N° 228-2015-ZDTPE-ILO, la Corte Suprema considera que dicho acto (pese a no ser en estricto una “citación con la demanda” u “otro acto con el que se notifique al deudor”) habría interrumpido la prescripción, por lo cual casaron el Auto de Vista que confirmó el Auto Apelado (que declaró fundada la Excepción de Prescripción), ordenando al Juez de Primera Instancia que continúe con el trámite del proceso.

[1] Existen algunos derechos especiales que por su particular naturaleza y la decisión del legislador, que en muchos casos obedece a criterios supranacionales, no están sujetos a plazo alguno, son imprescriptibles, como el derecho a solicitar una pensión de la seguridad social.[2] FRESCURA Y CANDIA, Luis. “Derecho Paraguayo del Trabajo y de la Seguridad Social”. Asunción, 1986, Tercera Edición, Editorial El Foro, página 805.

[3] RUBIO CORREA, Marcial. “Prescripción y Caducidad. La extinción de acciones y derechos en el Código Civil”. Lima, 1997, Cuarta Edición, Fondo Editorial PUCP, páginas 57-58.