• Casación 3417-20185, Del Santa
    No se requiere título posesorio de fecha cierta para oponerse a la demanda

    En el presente proceso, es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por Moisés Nephtali Osorio Santos, contra la sentencia de vista de fecha 11 de mayo de 2015, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 04 de noviembre de 2014, que declara fundada la demanda interpuesta por Hugo Wilmer Purizaga Olivo sobre desalojo por ocupación precaria.

    Ahora bien, los Jueces Superiores al declarar fundada la demanda sostuvieron que el demandante es propietario del bien sub litis, con derecho inscrito en Registros Públicos, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 2013 del Código Civil, y si bien el demandado presentó un documento que acreditaría su derecho de posesión sobre el citado inmueble (Certificado de Adjudicación que data del año 1994), dicho título no ha adquirido fecha cierta, y por lo tanto no puede producir efectos jurídicos válidos para ser considerado un título y acreditar el derecho de posesión del emplazado, conforme a lo indicado en la quinta regla de la Casación número 2195-2011/ Ucayali (Sentencia Vinculante).

    De lo antes expuesto, se advierte que la decisión a la que arriba la Sala Superior se contrapone a los criterios señalados por el IV Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, recaído en la Casación número 2195-2011/Ucayali, para verificar el derecho del demandado sobre el inmueble, puesto que no solo se puede justificar con la exhibición de documentos que tengan la calidad de fecha cierta, sino con cualquier acto jurídico que lo autorice a ejercer la posesión del bien, lo cual constituye doctrina jurisprudencial establecida como vinculante para los Jueces de la República, de conformidad con lo normado por el artículo 400 del Código Procesal Civil.

  • Casación N° 4148-2015, Apurímac
    La pretensión de mejor derecho de propiedad es imprescriptible
    En la pretensión declarativa de dominio (o “mejor derecho de propiedad”) se busca eliminar una incertidumbre jurídica propiciando una sentencia de mero reconocimiento. Se trata de una pretensión de defensa de la propiedad, la que por su naturaleza es imprescriptible. En esa perspectiva, en el expediente 65-2002-La Libertad, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, compulsando ambos supuestos: el reivindicatorio y el mejor derecho a la propiedad, ha manifestado: “Que la acción de mejor derecho a la propiedad tiene por objeto oponer este derecho real frente a un tercero que también alega este mismo derecho sobre el bien, siendo que esta acción también se encuentra sustentada en el derecho de propiedad al igual como sucede con reivindicación”, teniendo la misma naturaleza imprescriptible de la reivindicatoria.

    La doctrina nacional también ha asumido este criterio indicando que, si la propiedad es imprescriptible, la pretensión declarativa de dominio también lo es; en tanto, si el derecho no prescribe, el remedio tampoco puede hacerlo. En esa perspectiva, a este tipo de pretensiones no le son de aplicación los plazos contenidos en el artículo 2001 del Código Civil, cuyos supuestos más bien están dirigidos a otras acciones reales.

  • Casación N° 3464-2013, Lima Norte
    Para dar prevalencia al derecho primigeniamente inscrito, resulta necesario que se acredite la buena fe de la inscripción.
    Se trata del recurso de casación interpuesto por Manuel Edgar Benavides Altamirano, contra la sentencia de vista del 9 de abril de 2013 expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que confirma la sentencia apelada de fecha 21 de septiembre de 2012, que declara fundada la demanda. En consecuencia, el accionante Jorge Vicente Chávez Guillerhua tiene el mejor derecho de propiedad; en los seguidos por Jorge Vicente Chávez Guillerhua contra Lucila Ortenciana Altamirano Dongo y otras, sobre mejor derecho de propiedad.

    Si bien resulta evidente que el derecho de propiedad de los codemandados se encuentra inscrito en los Registros Públicos, con anterioridad al derecho de propiedad del demandante, también resulta cierto que para dar prevalencia al derecho primigeniamente inscrito, resulta necesario que se acredite la buena de fe de la inscripción, lo cual no se verifica en el caso de autos, toda vez que el derecho de propiedad de los codemandados ha sido otorgado por la Sra. Lucila Ortenciana Altamirano Dongo, quien había transferido con anterioridad el bien sub litis al actor, hecho que se presume tenían conocimiento los codemandados, dado el vínculo materno-filial que los une, aunado a los diversos procesos judiciales instaurados entre las parte en relación a la transferencia de bienes sub-litis.