Vivir en sociedad genera que sus miembros se interrelacionen en distintos ámbitos y si bien resultaría óptimo que dichas relaciones sean siempre armónicas, resulta normal -y hasta previsible- que surjan conflictos o dudas que absolver entre sus integrantes. Como producto de la evolución de la sociedad, se ha buscado que sea un tercero justo, independiente e imparcial -el Poder Judicial- quien resuelva los conflictos o incertidumbres que resulten jurídicamente relevantes, a fin de evitar que los miembros de la sociedad ‘busquen hacer justicia por mano propia’.

En ese escenario, es indiscutible que aquellas personas que acuden al Poder Judicial en búsqueda de que se amparen o salvaguarden sus derechos o intereses, solicitan también que la decisión que se tome sea razonada y emitida con sujeción a un debido proceso.

Ahora ¿qué ocurre si el juez llamado a impartir justicia incumple sus deberes y causa daño a las partes en el trámite de un proceso judicial? En este punto debemos señalar que no sólo las sentencias podrían causar daño, sino también los autos, por ejemplo, con la concesión o denegación de una medida cautelar.  Pues, en ese caso debemos tener presente que en los países que pertenecen al common law el juez no tendría responsabilidad alguna, pues se considera que sus fallos no pueden ser incorrectos; sin embargo, en países como el nuestro, pertenecientes al civil law se considera que el juez es responsable por sus actos.

Así, en nuestro ordenamiento el artículo 509º del Código Procesal Civil ha dispuesto que “El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable”.

En este sentido, debemos tener presente que nuestro sistema de responsabilidad civil busca reparar el daño en la exacta medida en que este se generó, lo que implica que el primer elemento a analizar es la existencia del daño y el acto que lo produjo.

Ahora, al analizar el hecho generador del daño (el acto jurisdiccional), para determinar si este ha sido producto de una conducta dolosa o culposa del juez, se debe tener presente que el artículo 509º del Código Procesal Civil ha señalado que “La conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado.”

 

Los deberes de los jueces, que de incumplirse podrían ocasionar un daño que podría resultar indemnizable, se encuentran contenidos en los artículos 50º del Código Procesal Civil y 184º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero siendo que los mismos no permiten efectuar una identificación de las conductas que podrían considerarse como antijurídicas, efectuaremos una enumeración de aquellas conductas por parte de los Jueces que consideramos más relevantes en un caso de responsabilidad civil:

  1. Error en la motivación por parte del juez por haber omitido ésta o por haberla efectuado de modo parcial o insuficiente.
  2. Error en la motivación por parte del juez por incumplir principios de la lógica, al ser incongruentes o contradictorias las premisas y la conclusión, o al no haber comprendido el Juez la materia de fondo discutida.
  3. Error en la motivación por parte del juez por aplicar o invocar incorrectamente las normas en las que basa sus premisas, ya sea porque las normas invocadas no resultan pertinentes, se les otorga un sentido contrario a la interpretación sistemática del derecho o por haber sido derogadas las mismas.
  4. Error en la motivación por parte del juez por haber partido de premisas inadecuadas de los hechos al haber valorado, actuado o inadmitido inadecuadamente las pruebas.
  5. Error en la motivación por parte del juez por haber efectuado una interpretación insustentable de la ley al tergiversar el sentido mínimo y central de la norma.
  6. Error en la motivación por parte del Juez al integrar normas incorrectas efectuando analogía.

Ahora, la Ejecutoria de la Corte Suprema emitida en el trámite del Expediente Nº 988-93-La Libertad ha establecido que “no sólo se debe demostrar el dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable del autor del mandato judicial, sino además, debe acreditarse la derivación en daños y perjuicios visibles y probados”

Se debe tener presente que el primer elemento a determinar en una controversia, cuya materia es indemnizatoria, es el daño, puesto que, si no existe daño que reparar, no es posible fijar una indemnización, ya que la finalidad de esta es puramente resarcitoria. Es decir, busca reparar el perjuicio en la exacta dimensión en que este fue causado.

La certeza del daño se establece a partir de la comprobación, en el ámbito de los hechos, que este efectivamente se produjo. En ese sentido, y con respecto al caso de responsabilidad en general, no es suficiente que se alegue haber sufrido perjuicios sino que corresponderá demostrarlos y acompañar los medios probatorios que permitan comprobar que los hechos que narra, efectivamente, ocurrieron y que a consecuencia de ellos se produjo un daño que puede ser calificado como cierto.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha dicho, en reiteradas ocasiones, que la carga de la prueba de los daños recae en la parte que alega haberlos sufrido. Ejemplo de esta línea jurisprudencial la constituye la sentencia de Casación Nº 99-99-LIMA, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de junio de 1999, que a continuación reproducimos en su parte pertinente:

“La carga de la prueba de los daños y perjuicios, sean estos derivados de una responsabilidad contractual o extracontractual, la tiene el perjudicado o agraviado, en tal virtud, respecto a este requisito son comunes las reglas aplicables a ambos tipos de responsabilidad.”

Consecuentemente, al analizar la responsabilidad de los jueces, se deberá analizar no sólo su conducta, sino si los daños alegados en efecto se produjeron, para luego de ello determinar su responsabilidad y que se disponga la reparación del daño.