Javier Paitán Martínez

Abogado Asociado

Área Procesal Laboral y de Seguridad Social

 

La expresión “arbitraje potestativo” fue acuñada por el Tribunal Constitucional en agosto del 2009, en la STC recaída en el Expediente N° 03561-2009-PA/TC, Caso Portuarios (y sobre todo en su aclaratoria)[1], pronunciamiento por el cual se creó un tercer tipo de arbitraje, al que se denominó “potestativo”; puesto que el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2013-TR (LRCT), solo regulaba dos clases de arbitraje: i) el voluntario, mediante el cual las partes deciden, de común acuerdo, someter la controversia a un tercero designado (artículo 61); y, ii) el obligatorio, que es el impuesto a las partes por el Estado, debiendo aquellas acudir necesariamente a un tercero para la resolución de un conflicto (artículo 68).

 

Entonces, el arbitraje laboral “potestativo” -llamado también unilateral o voluntario vinculante- que tiene un reconocimiento a nivel constitucional y jurisprudencial, según la interpretación del Tribunal Constitucional, es definido como aquel mecanismo extrajudicial mediante el cual, en función de una prerrogativa normativa (artículos 61, 62 y 63 de la LRCT) e inspirada en la jurisprudencia constitucional (STC Nos. 03561-2009-PA/TC, 2566-2012-PA/TC, 3243-2012-PA/TC y 3361-2013-PA/TC)–, “las partes se encuentran facultadas para someter la solución del conflicto a la decisión de un tercero, ajeno a ellas, con competencia para resolverlo a través de un laudo o fallo arbitral; quedando obligada la otra parte a dicho sometimiento y decisión[2].

 

Es decir, que en el arbitraje laboral potestativo existe una disposición que faculta a una de las partes la posibilidad de someter el conflicto laboral colectivo a un tercero en determinados supuestos, quedando la otra parte obligada a dicho sometimiento[3]; sin que en ningún caso, este mecanismo pueda ser utilizado en desmedro del derecho de huelga.

 

Mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, se incorpora el artículo 61-A al Reglamento de la LRCT, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-TR (RLRCT) referido al arbitraje potestativo señalando sus supuestos y características. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2017, mediante el artículo 2

del Decreto Supremo N° 009-2017-TR, se modifica los artículos 46, 60 y 61-A del RLRCT antes referido, además se incorporan los artículos 61-B y 61-C, mediante los cuales se regula, puntualmente, la designación de los árbitros y presidente del Tribunal Arbitral y las reglas especiales para el desarrollo del arbitraje potestativo, respectivamente. Cabe mencionar que el procedimiento del arbitraje laboral potestativo está a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo, esto es, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

 

El nuevo artículo 61-A del RLRCT reconoce en qué supuestos nos encontramos ante un arbitraje potestativo. Así, habiéndose convocado al menos seis (6) reuniones de trato directo o de conciliación, y transcurridos tres (3) meses desde el inicio de la negociación, cualquiera de las partes tiene la facultad de interponer el arbitraje potestativo, ocurridos los siguientes supuestos en los que existe causa: a) cuando las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o su contenido; o, b) cuando durante la negociación se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. Asimismo, procede el arbitraje potestativo de manera incausada cuando lo solicitó la parte laboral.

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República (en el Expediente N° 5132-2014-Lima), al resolver la Acción Popular planteada por la Sociedad Nacional de Industrias cuestionando la legalidad del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, que modificó el artículo 61-A del RLRCT –inclusive antes de la emisión del Decreto Supremo N° 009-2017-TR– también reconoce que el arbitraje regulado en la LRCT es de carácter potestativo, puesto que el Tribunal Constitucional cuenta con una línea interpretativa uniforme, cuya posición es compartida.

 

De este modo, la Corte Suprema concluye que, el artículo 61-A antes referido no crea el supuesto de arbitraje potestativo sino solo lo desarrolla. Así, cuando una de las partes invoque el arbitraje, así no medie razón alguna, la otra debe aceptarlo. De este modo, el estado cumple con su obligación de fomentar la negociación colectiva y promover formas pacíficas de solución de los conflictos laborales, conforme así lo prevén los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, debiéndose rechazar la tesis acerca de que el Comité de Libertad Sindical proscriba el arbitraje potestativo para la solución de la negociación colectiva y únicamente acepte el arbitraje voluntario, cuando lo que rechaza la OIT, es el arbitraje obligatorio (salvo casos excepcionales) en el entendido que el mismo impide a los trabajadores el ejercicio del derecho de huelga.

 

En resumen, se puede advertir que el arbitraje laboral potestativo en el Perú tiene un reconocimiento a nivel constitucional y jurisprudencial, cuyo desarrollo estuvo a cargo del Tribunal Constitucional, que interpretando el artículo 61 de la LRCT reconoció la constitucionalidad de este tercer tipo de arbitraje, además de los dos ya existentes (arbitraje laboral voluntario y arbitraje laboral obligatorio). Por su parte, la Corte Suprema también reconoce este tercer tipo de arbitraje, en los mismos términos de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

 

De este modo, el arbitraje potestativo funciona como un medio para promover la solución pacífica de los conflictos laborales colectivos, por lo que una vez terminada la negociación directa (trato directo, conciliación o mediación), el sindicato puede optar por este tipo de arbitraje obligando al empleador a acceder al mismo; lo cual significa, para algunos expertos, que sus derechos de libertad negocial, libertad de empresa y de contratación se ven restringidos, teniendo solo una oportunidad para elegir la aplicación del arbitraje potestativo (como alternativo a la huelga, que es una medida de fuerza de los trabajadores, consistente en el incumplimiento deliberado de su prestación laboral debida).

 

No obstante, pese a las diferentes posiciones a favor y en contra que existen respecto de la aplicación del arbitraje potestativo en las relaciones laborales, este mecanismo alternativo de solución pacífica de conflictos debe garantizar un acuerdo en beneficio no solo de una de las partes de las relaciones colectivas de trabajo, sino de ambas partes (sindicatos y empleador), siendo ello mediante la promoción del diálogo entre las mismas.

[1] Elaborado con la colaboración de José María Toledo Rojas, practicante jurídico de Rodríguez Angobaldo Abogados.

[2] STC N° 03561-2009-AA/TC, proceso de amparo seguido por el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (SUTRAMPORPC) contra la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, la Asociación Peruana de Agentes Marítimos y la Asociación Marítima del Perú; sentencia publicada en “El Peruano” el 29 de setiembre de 2009, con posterior Resolución Aclaratoria de fecha 10 de junio de 2010. El criterio establecido en dicha sentencia fue reiterado en posteriores pronunciamientos, entre otros: STC N° 02566-2012-AA/TC, publicada el 16 de julio de 2013, proceso de amparo seguido por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores contra la SUNAT y la STC N° 03243-2012-AA/TC, publicada el 26 de mayo de 2014, proceso de amparo seguido por la Federación de Trabajadores del Sector Comunicaciones del Perú contra Telefónica Gestión de servicios Compartidos S.A.C.

[3] Definición establecida en el literal e del numeral V de la Resolución Ministerial 076-2012-TR, por la cual se aprueba la Directiva General “Lineamientos para la intervención administrativa en conflictos laborales colectivos: los llamados extraproceso, la preferencia por el arbitraje potestativo y la intervención resolutoria como facultad excepcional”

[4] Véase: AGUINAGA, Ernesto y BOZA, Guillermo. “El deber de negociar y el arbitraje potestativo como parte del contenido del derecho constitucional de negociación colectiva. Revista Derecho PUCP N° 71, Lima, 2013, pp. 281-307; y, MORALES CORRALES, Pedro. “Problemas del arbitraje en la negociación colectiva”. Revista Derecho & Sociedad N° 30, Lima, 2008, pp. 132-143.