¿Debe el juez declarar siempre la nulidad de lo actuado cuando advierta un vicio procesal?

 

Diego Arce Santiváñez – darce@er.com.pe

La motivación de las resoluciones judiciales, reconocida por el artículo 139°, inciso 5) de la Constitución, estable la obligación a los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones propuestas por las partes de manera congruente con los términos en que estas sean planteadas, sin incurrir, por lo tanto, en desviaciones, modificaciones o alteraciones respecto de la cuestión central en discusión ya que ello generaría un estado de indefensión a los justiciables.

En esa misma línea, tanto el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, como los incisos 3 y 4 del artículo 122° del dispositivo antes mencionado, delimitan los alcances del principio de congruencia procesal, señalando que su aplicación implica, por un lado, que el juzgador no pueda ir más allá del petitorio de la demanda, ni fundar su decisión en hechos distintos a los que han sido alegados por las partes; y, por otro lado, impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, así como de todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o medios impugnatorios, que incidan directamente en la cuestión controvertida.

Así, el caso en comentario, propone la discusión sobre si siempre y en todos los casos, cuando el Juez al emitir sentencia, va más allá del petitorio de la demanda, debería declararse inevitablemente la nulidad de dicha decisión por afectación al principio de congruencia, ordenándose el reenvío a la instancia respectiva para la emisión de una nueva decisión.

Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N° 1272-2016 Lima Norte, emitida en el marco de un proceso sobre Impugnación de Acuerdo Asociativo, ha establecido que una decisión como esta, no debe ser adoptada en forma mecánica, sino que se deberá evaluar, en cada caso, la transcendencia y la incidencia particular del acto que contenga este vicio.

En este caso en particular, se determinó, que en efecto, en la demanda sólo se había solicitado la declaración de nulidad de las asambleas generales de fechas 5 de febrero y 22 de abril de 2012, pese a lo cual, en la sentencia de primera instancia (como en la de vista) se había declarado además, la nulidad de los asientos registrales donde dichos actos fueron inscritos en el Registro de Asociaciones de los Registros Públicos de Lima, lo cual no había sido pedido, ni fijado como punto controvertido, por lo que se había incurrido en una infracción al principio de congruencia y al derecho de defensa.

Sin embargo, se estableció, que si bien se justificaba declarar fundado el recurso de casación, no correspondía disponer el reenvío del proceso hasta primera instancia, pues la misma Sala Suprema, en sede de instancia y en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, podía proceder a la subsanación del error in procedencia, sin afectar los derechos o garantías de las partes intervinientes en el proceso. Ello, pues de lo contrario se estaría afectando el derecho de aquellas a que el proceso concluya con el dictado de una sentencia justa, dentro de un plazo razonable que garantice la justa satisfacción del derecho sustantivo invocado.

Por ello, la referida Sala estableció en el considerando décimo primero de la Casación antes mencionada, que:

“(…) Si bien resulta cierto que la Sala Superior en la sentencia de vista, así como el A quo, emitiendo (sic) un pronunciamiento extra petita, que afecta el principio de congruencia procesal, se ha pronunciado respecto de la nulidad del asiento registral A00010 de la partida registral 01900099, único extremo que incurre en error in procedendo, sin afectar los demás extremos resueltos, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, corresponde únicamente declarar la nulidad del extremo que se encuentra viciado, dejando subsistente los fundamentos restantes, así como lo decidido en ambas instancias, sin necesidad de disponer el reenvío del proceso hasta primera instancia; decisión que permitirá satisfacer plenamente el agravio del recurrente, sin dilatar indebidamente el trámite de este proceso ni afectar el derecho a una tutela jurisdiccional oportuna y por tanto eficaz, tanto de la parte demandante, como de la demandada.”.

Como se puede apreciar, el criterio adoptado por la Corte Suprema, busca darle un mayor protagonismo al Juez en su calidad de director del proceso, dejando a su consideración el encontrar la mejor solución a las deficiencias que encuentre en su tramitación, obviando formalidades, que si bien pueden haber sido incumplidas, no sean trascendentes para el sentido del fallo adoptado, salvaguardando de este modo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.