Comentarios a las novedades del proyecto de reforma del Código Procesal Civil

 

Adán López Blanco – alopez@er.com.pe

A. Supresión de la exigibilidad de la conciliación extrajudicial

El nuevo proyecto de reforma trae como novedad principal la supresión de la exigencia de realizarse una conciliación extrajudicial de manera previa a la interposición de la demanda. Así, la parte demandante no se verá en la necesidad de acudir ante un Centro de Conciliación Extrajudicial para invitar al eventual demandado a una audiencia a fin de encontrar una solución adecuada a la controversia existente.

Esta modificación puede resultar interesante para aquellas personas o empresas que, durante el surgimiento del conflicto, han mostrado una ausencia de voluntad de diálogo y negociación para buscar una solución al problema surgido, pues supone un ahorro de tiempo, esfuerzos y gastos en un procedimiento conciliatorio que, de plano, devendría en ineficiente.

B. Ejecución provisional de la sentencia apelada

Otra de las propuestas de modificación se encuentra referida a la ejecución provisional de las sentencias apeladas. Así, actualmente la emisión de una sentencia por un Juez de primera instancia no puede ejecutarse mientras se haya interpuesto en contra de ella un recurso de apelación.

Esta modificación supone un paso importante para garantizar la tutela judicial de la parte ganadora en primera instancia y puede significar un cambio en la cultura de los litigios de interponer apelaciones únicamente con el efecto de dilatar el resultado de lo decidido.

En este aspecto, la parte vencida con una sentencia de primera instancia y su asesor legal pueden hacer un análisis de contingencia de la sentencia y verificar que, aun cuando se expida un recurso de apelación contra la decisión judicial que ya se está ejecutando, las posibilidades de revocar dicho fallo son realmente escasas, mientras que los costos de asesoría legal y tramitación del recurso pueden ser elevados.

C. La regulación de los procesos colectivos

En cuanto a este punto, el proyecto de reforma prevé la posibilidad que un conjunto de personas puedan demandar solicitando una indemnización de daños y perjuicios, prevención de actos ilícitos o una paralización de actividades (sea, por ejemplo, el cese de una fábrica o un local comercial).

Este tipo de situaciones se origina más contra empresas proveedoras de bienes y servicios, quienes destinen un producto de modo masivo hacia los consumidores, los mismos que ahora –al margen de acudir al INDECOPI por infracción de normas de protección al consumidor-, pueden también presentarse ante el Poder Judicial ahora ya de modo conjunto y no individual para solicitar una indemnización o alguna otra medida reparativa o satisfactiva por la existencia de algún daño.

D. Negociación de las reglas procesales

Finalmente, un aspecto interesante en el proyecto de reforma procesal es la posibilidad que tienen las partes de negociar determinadas reglas procesales siempre que las mismas no afecten ningún derecho fundamental o suponga una afectación al debido proceso.

Así, entre ellas tenemos la posibilidad de las partes de pactar sobre la libertad en la oportunidad de ofrecer pruebas teniendo nada más como límite la fijación de puntos controvertidos, la convención de no impugnar mediante recurso de apelación o casación la sentencia o auto que pone fin al proceso, entre otros.

Estas negociación de las reglas procesales supone que las partes que tienen una coincidencia de intereses en el proceso (sea por ejemplo la resolución más pronta del litigio o una mayor libertad para ofrecer las pruebas) puedan ponerse de acuerdo a fin de desvincularse de ciertos ritualismos procedimentales cuya modificación no genera ninguna afectación a sus derechos.

CONCLUSIONES

En suma, la reforma propuesta por el Grupo de Trabajo designado desde el MINJUSDH trae cambios positivos de interés para las personas y empresas, en virtud que –a cargo de confirmarlo con la experiencia- la reforma supondrá un ahorro de tiempo y esfuerzos en la tramitación de un proceso judicial.

Sin embargo, resulta recomendable en el caso de las empresas poder realizar análisis del impacto legal que puede conllevar esta nueva reforma procesal y adecuar sus distintas áreas de trabajo a fin de estar preparadas para el surgimiento de demandas colectivas.