Con la promulgación de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (LMSS), que creó el Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), representado por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), institución que reemplazó al Régimen del Seguro de Accidentes de Trabajo  y Enfermedades Profesionales (SATEP), regulado por el Decreto Ley N° 18846, que establecía un seguro de accidentes y enfermedades profesionales únicamente para los trabajadores obreros. Posteriormente, se emitió el Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-97-SA, así como las Normas Técnicas del SCTR, aprobado por Decreto Supremo N° 003-98-SA.

El Régimen Especial de Protección de Riesgos Profesionales, representado por el SCTR, recién asumió las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir del 15 de mayo de 1998, de conformidad a lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de las Normas Técnicas sobre el SCTR. Asimismo, mediante sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente Nº 02513-2007-PA/TC-ICA (precedente vinculante), unificando los diversos precedentes vinculantes referidos a la interpretación y aplicación del Régimen del SCTR, se reconoció jurisprudencialmente, entre otros puntos importantes: i) la entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional; ii) la fecha de inicio de pago de la pensión vitalicia o pensión de invalidez (fecha en que se genera el derecho o la contingencia), que debe establecerse desde la fecha del dictamen o certificado médico emitido Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que diagnostica y acredita la existencia de la enfermedad profesional; y, iii) la responsabilidad del Estado en el SCTR, a través de la cobertura supletoria de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, en tanto no se tenga suscrito dicho contrato, pero la entidad empleadora debe estar inscrita en el Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades de riesgo.

Ahora bien, en el caso analizado en la Casación N° 11046-2015-Lima, de fecha 22 de noviembre de 2016, la controversia giró alrededor de determinar si la ONP se encontraba obligada a cubrir las prestaciones derivadas del SCTR, únicamente en el caso que se acreditara la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la ONP, para acceder a la pensión de invalidez otorgada mediante la Ley N° 26790, por padecer de una enfermedad profesional. Siendo que la ONP alegó una infracción normativa por inaplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 19 inciso b) de la Ley N° 26790 (referido a la contratación obligatoria del SCTR con la ONP o empresas de seguros) y del artículo 28 del Decreto Supremo N° 003-98-SA (referido al procedimiento de calificación de una enfermedad profesional y las entidades competentes).

Al respecto, en el caso de autos, el demandante presentó una demanda vía el proceso contencioso administrativo solicitando a la ONP la emisión de una nueva resolución administrativa –puesto que mediante Resolución N.° 006807-2006-ONP/DC/DL 18846, de fecha 31 de octubre de 2006 se le había denegado su solicitud–, mediante la cual se cumpla con otorgarle una renta vitalicia por enfermedad profesional de conformidad con lo establecido en la Ley N° 26790 y el Decreto Supremo N° 003-97 –SA. Ello en razón de que, como lo manifestó el actor, fue trabajador de la empresa minera desde el 24 de mayo de 1980 hasta el 3 de noviembre de 2010, en el cargo de Mecánico Equipo Tajo, expuesto a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y como consecuencia de ello, adquirió la enfermedad de neumoconiosis, conforme se aprecia del informe de evaluación médica evaluadora del Hospital ll de Pasco, de fecha 16 de abril de 2008, mediante el cual la Comisión Médica le diagnosticó el padecimiento de neumoconiosis con 60% de incapacidad parcial, permanente e irreversible, pre existente al 15 de mayo de 1980. Por ello, estando protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley N° 18846 (Régimen SATEP), le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria (Régimen del SCTR) y percibir una pensión de invalidez permanente parcial equivalente al 50% de su remuneración mensual, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19° del Decreto Supremo N° 003-98-SA.

La demanda del actor en primera instancia fue declarada fundada, la misma que fue confirmada en segunda instancia, en virtud a los fundamentos de hecho y de derecho alegados por este.

Entonces, al momento de resolver la controversia casatoria, esto es, determinar si la ONP es o no responsable en otorgar la renta vitalicia al actor que padece de una enfermedad profesional (neumoconiosis), aun cuando su empleador no haya suscrito el contrato de seguro (SCTR) con dicha entidad pública.

Al respecto, en aplicación de las normas del Régimen del SCTR (Ley N° 28790) –que sustituyó al Régimen del SATEP (Decreto Ley N° 18846)–, así como el precedente vinculante recaído en la STC Nº 02513-2007-PA/TC-ICA, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció en la Casación N° 11046-2015-Lima, en razón a sus fundamentos contenidos en el quinto, sexto y sétimo, el siguiente “Precedente Vinculante para los órganos jurisdiccionales, de obligatorio cumplimiento”:

“Si bien el Decreto Ley N.º 18846 fue derogado por la Ley N.º 26790, también es que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el Decreto Ley N.º 18846, fueron transferidos al seguro complementario de trabajo de riesgo administrado por la oficina de normalización previsional, por lo que en tal sentido, no es necesario la existencia de un contrato de seguro por parte de la empresa empleadora del actor con la oficina de normalización previsional para cubrir las prestaciones derivadas de este seguro, teniendo la obligación de cubrir los siniestros ante un caso de enfermedad y/o accidente, y con derecho al reembolso de los gastos efectuados por la entidad empleadora ante el incumplimiento del pago de los aportes.” (Énfasis agregado).

 

En ese sentido, aún no exista la suscripción del contrato del SCTR entre la empresa empleadora de un trabajador –éste cubierto por el Régimen del SATEP– y la ONP, durante la fecha de la contingencia (esto es, la fecha de emisión del dictamen médico mediante el cual se diagnostica el padecimiento de una enfermedad profesional), la ONP seguirá siendo la responsable en otorgar las prestaciones económicas por dicha contingencia (enfermedad profesional) conforme a las normas del Decreto Ley N° 18846, pero cuyo cálculo y pago de las mismas se efectuará conforme a la Ley N° 26790 y las Normas Técnicas del SCTR.

 

Puede revisar la casación en: https://bit.ly/2Hz1nDv