Breve comentario sobre la importancia de los principios administrativos de predictibilidad y seguridad jurídica en el ámbito del proceso contencioso administrativo

 

Adolfo Pinillos Córdova- Socio – apinillos@er.com.pe

Javier Llerena – Asistente – jllerena@er.com.pe

Los principios de predictibilidad y seguridad jurídica están recogidos en el Art. IV, numeral 1.151, del Título Preliminar del TUO de la Ley No. 27444 – TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y, el mismo implica el derecho que tiene todo administrado a la seguridad jurídica.

En efecto, en el derecho administrativo se ha consagrado a la seguridad jurídica como un pilar fundamental de cualquier Estado que se precie de ser de Derecho. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la STC No. 016-2002-AI/TC:

El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, en las garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico que consolida la interdicción de la arbitrariedad.

Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad jurídica supone ‘la expectativa razonablemente fundada en cual ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho’. (Énfasis agregado)

En palabras de la doctrina, el principio bajo comentario “para el individuo constituye una garantía por la que se da valor jurídico a la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha de ser la futura actuación del poder en aplicación del Derecho. Obviamente no se trata de dar valor a meras expectativas subjetivas, sino aquellas que surgen a partir de signos externos o bases objetivas suficientemente concluyentes dadas dentro de la ley por la autoridad, para que los administrados se orienten hacia determinada posición, tales como antecedentes, absolución de consultas, publicación de normas, difusión de requisitos, procedimientos, trámites, autoridades, etc.”2.

Por otro lado, el principio de predictibilidad también se encuentra relacionado con la doctrina de los actos propios, los cuales se fundamenta principalmente en las exigencias del principio general de la buena fe3, estableciéndose que es obligación de las partes de una relación jurídica el conducirse con lealtad, rectitud, y coherencia en su comportamiento, a fin de proteger la confianza, regularidad y confiabilidad que deben imperar en el tráfico jurídico4.

En otras síntesis, la administración se encuentra ligada a actuar de buena fe y conducirse de forma regular, confiable, de forma tal que se permita la predictibilidad de las decisiones “es decir, que las decisiones que emiten los órganos en cada caso concreto pueda anunciar a los ciudadanos, de modo definitivo, cómo se materializan los derechos, obligaciones o permisiones en las normas jurídicas”5.

De igual modo, los principios de predictibilidad y de seguridad jurídica se relacionan también con la confianza legítima. La confianza legítima otorga al administrado el poder de exigir una protección jurídica de sus expectativas legítimas cuando, al tener razones objetivas para confiar en la estabilidad de la situación jurídica prexistente, la alteración repentina de la misma, sin haber sido proporcionados el tiempo y los mecanismos necesarios para la adopción de la nueva situación, desencadena una alteración grave de sus condiciones económicas y patrimoniales6.

Para la protección de la confianza legítima en el derecho administrativo, deben concurrir copulativamente los siguientes elementos7:

[i] Una conducta originaria de la Administración: conducta constante y reiterada a fin de conformar una situación estable.
[ii] Una expectativa o confianza legítima: generada en que la Administración actúa correctamente, de forma lícita y que las expectativas son razonables.

En la práctica judicial de los litigios contenciosos administrativos es usual estar frente a controversias derivadas de actuaciones efectuadas por cualquier entidad administrativa que puedan devenir en irregulares.

Por ejemplo, un caso típico es que la Administración contradiga sus propios actos administrativos a través de un nuevo acto totalmente diferente a los anteriores. Esto vulnera la expectativa legítima de todos los administrados, quienes confían en que la Administración es conducente y reiterada con sus propios actos.

Así, el alcance de los principios de predictibilidad y de seguridad jurídica también alcanzarían a la Administración de Justicia (Poder Judicial). En efecto, los administrados (justiciables) están en el derecho de mantener una expectativa razonable respecto de una determinada controversia, no obstante, la justicia se administra de maneras que a veces resultan contradictorias. Justamente por eso es que, en un proceso A el Juez puede conceder “X” y, en otro proceso totalmente idéntico, otro Juez puede conceder “Y”.

En conclusión, los principios de predictibilidad y de seguridad jurídica constituyen directrices de cumplimiento obligatorio para toda la Administración y, a su vez, un derecho irrestricto de todos los administrados, el cual se sustenta en la legítima expectativa a que la conducta de la Administración sea acorde a sus actos propios, sensu contrario, estaríamos ante una flagrante infracción de los principios bajo comentario.

  1. Art. 1.15.- Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

    Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

    La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

  2. MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 2018, p. 126.
  3. BORDA, Alejando. La teoría de los Actos Propios. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1993, p. 51.
  4. MARIAL, Hector A. La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública. Buenos Aires: Depalma, 1988, p.4.
  5. STC No. 6759-2006-PA/TC.
  6. COVIELLO, Pedro. La protección de la confianza del administrado. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004. Citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p. 130.
  7. Al respecto, véase: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., p. 131.