JURISPRUDENCIA

  • La fotocopia como medio de prueba y la oportunidad de actuar pruebas de oficio – Casación N° 3261-2015 ANCASH

    De conformidad con lo señalado en los artículos 192, 233 y 234 del Código Procesal Civil, las fotocopias tienen la calidad de documentos, motivo por el cual éstas deberán ser consideradas como medios de prueba dentro de un proceso, ya que su finalidad es acreditar los hechos expuestos, admitiéndose, desde luego, las cuestiones probatorias que correspondan y la necesidad de valorar integralmente todos los medios probatorios.

    En el caso bajo comentario, la Sra. Alejandrina Vega Cubos interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria contra los Sres. Hipólito Acuña Villajuan y Teodora Sifuentes Villanueva, quienes exhibieron copias de una escritura pública de compraventa para sustentar su título posesorio, en contraposición con el título exhibido por la accionante, emitido a su favor por el Organismo de Formalización de Propiedad Informal – Cofopri con fecha 14/11/2008.

    En primera instancia se declaró infundada la demanda, al considerar que los demandados obtuvieron la propiedad del inmueble en controversia en mérito a la escritura pública suscrita a su favor por Augusto Vega (padre de la accionante) y su esposa ante el Juzgado de Paz del Centro Poblado de Rondabamba en junio del año 2009, que se acreditó en copia simple; acto jurídico que tuvo como antecedente la compra venta a través de la cual la actora transfirió la propiedad a su padre.

    La sentencia fue apelada por la demandante, siendo que en segunda instancia fue revocada y se declaró fundada la demanda al considerar que los demandados no cuentan con título alguno que acredite su derecho de posesión, pues las copias de los medios probatorios que ofrecieron no estaban legalizadas. Los demandados interpusieron recurso de casación argumentando que la posesión que ejercen es producto de la calidad de propietarios que ostentan y, que los documentos que anexan no han sido tomados en cuenta al ser copias simples, sin advertir que en dichas copias aparece el sello del Juez de Paz (con ello no dejan de ser fotocopias, pero hay indicio de su autenticidad).

    La Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, al considerar que el Colegiado Superior obvió su facultad de actuar medios de prueba de oficio. Se estableció también que las fotocopias ostentan la calidad de documentos, motivo por el cual deben de ser analizados dentro del proceso como medios de prueba, a fin de determinar si cumplen o no con acreditar un determinado hecho. Por consiguiente se determinó que el Colegiado no había efectuado un adecuado análisis del proceso, vulnerando así la garantía del debido proceso, así como lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.

    Léase la sentencia en: http://bit.ly/2jxonoH.

    La inadmisibilidad de una demanda debe ser fundamentada debidamente, bajo sanción de nulidad – Casación N° 2412-2015 CALLAO

    En el caso analizado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planteó una demanda de obligación de pago a la Municipalidad Provincial del Callao (la Municipalidad), a fin de que cumpla con abonar al Fondo de Compensación del SOAT (seguro obligatorio) la suma correspondiente a las multas impuestas durante los años 2004 a 2010, conforme lo establece el artículo 14 de su reglamento. En la demanda, el MTC expuso la tesis de la Municipalidad demandada, entidad que en comunicaciones previas le había señalado que la aplicación de dicho reglamento modificaría los artículos 191, 192 y 193 de la Constitución Política del Perú, ya que desde el año 2007 (y al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades) se entregó en concesión la administración, gestión y control de de las infracciones de tránsito al consorcio argentino -brasileño Tránsito Ciudadano.

    A la luz de tales consideraciones, el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao consideró que no existe lógica entre los hechos y el petitorio, por lo que en el auto de calificación se declaró improcedente la demanda. A tal efecto, el Juzgado indicó que si bien existe una controversia sobre la obligación de dar suma de dinero, también lo es que no se está ante una relación jurídica obligacional, pues el demandado no tiene calidad de deudor en favor del MTC ya que de acuerdo a lo regulado por el artículo 69 incisos 2 y 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las multas constituyen rentas municipales y en consecuencia de ello, ambas entidades se consideran competentes para administrar los depósitos de recaudación; competencia que corresponde dilucidarse mediante el proceso correspondiente sobre el mejor derecho a percibir tales rentas.

    La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó el auto apelado, considerando igualmente que existe un conflicto de competencia entre las partes, por lo que concluyó que no hay conexión lógica entre los hechos y el petitorio.

    La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación, por la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y posteriormente lo declaró fundado, al advertir que el auto emitido por la Sala Civil de la Corte Superior incurrió en causal de nulidad, ya que no había tomado en consideración que el análisis realizado sólo corresponde ser dilucidado en un pronunciamiento de fondo de la litis y no en un auto de calificación, siendo función del Juez verificar debidamente la demanda. Agrega la casación que el MTC lo que está solicitando es el abono de un monto que ha sido materia de recaudación por la Municipalidad, en virtud del artículo 14 inciso c) del Reglamento del Fondo de Compensación del SOAT, que determina que es este el órgano facultado para gestionarlo y no la Municipalidad, siendo evidente que con ello sólo se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la actora. Finalmente, la Corte Suprema declaró nulo el auto que declara improcedente la demanda, ordenando a la Sala Civil de la Corte Superior emitir nuevo pronunciamiento considerando lo señalado en la Casación.

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