JURISPRUDENCIA

  •  

    Juan Pablo Aguilar – Asociado

    jaguilar@er.com.pe

    Como antecedente es necesario indicar que el Estado Peruano publicó con fecha 20 de mayo de 2007 en el diario oficial El Peruano la Ley 29022 “Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones”, cuyo título, entre otros artículos, fue modificado por la Ley 30228, conociéndose actualmente como la “Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones”.

    Posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2007, se publicó el reglamento de la Ley 29022, Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, el mismo que en su artículo 12, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria y Final del citado reglamento, han establecido cuáles son los únicos requisitos que deben ser cumplidos por la empresas operadoras de telecomunicaciones para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

    El cuerpo normativo antes citado ha establecido qué documentos deben ser presentados para obtener la mencionada autorización, por ende las empresas operadoras de telecomunicaciones han venido cumpliendo a cabalidad con tales disposiciones legales al momento de ingresar sus solicitudes de autorización ante las municipalidades.

    Ahora bien, como es sabido los órganos locales, que para el caso en mención, son representados por la Municipalidades distritales y/o provinciales, en su afán de optimizar sus funciones -disque municipales-, han estipulado, en normas de su competencia, requisitos que en muchos casos son totalmente distintos a los ya establecidos en el reglamento de la Ley 29022.

    En atención a las disposiciones municipales y en el universo de las solicitudes presentadas por las empresas operadoras de telecomunicaciones, es que las mismas han venido siendo rechazadas, porque supuestamente no se cumplió con los requisitos adicionales de las municipalidades, lo que ha ocasionado un sinfín de procedimientos administrativos de solicitudes de autorización denegadas.

    Al acumularse procedimientos administrativos denegatorios y al agotarse la vía administrativa, es que las empresas operadoras de telecomunicaciones, amparadas por la normativa procesal, interponen procesos contenciosos administrativos con la finalidad de obtener pronunciamientos judiciales respecto a la ilegalidad que cometen las municipalidades al momento de denegar sus solicitudes de autorización.

    Es justamente que al integrarse dichos procedimientos ante el órgano jurisdiccional, mediante demandas contencioso administrativas, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 02 de octubre de 2014, ha emitido una sentencia casatoria N° 7113-2013-La Libertad, resolviendo un recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo, el mismo que ha sido desestimado conforme se detallará más adelante.

    En efecto, en dicho contexto jurisprudencial la corte suprema concluyó que los únicos requisitos que deben cumplir las empresas operadoras de telecomunicaciones para obtener la autorización para la instalación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de telecomunicaciones se encuentran en el artículo 12 y en la Tercera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 290221, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 039-2007-MTC.

    En ese sentido, la Corte Suprema ha dirimido la controversia respecto a los requisitos adicionales impuestos por la municipalidades, trayendo a colación el hecho que no resulta exigible documentos no estipulados en la ley que regula la materia, maximizando la importancia de solo cumplir con lo señalado en el marco normativo aplicable al caso concreto.

    En la actualidad nos encontramos en un status quo que determina la corriente a seguir por parte de las municipalidades a nivel nacional, pero lamentablemente muchas de las cuales siguiendo su afán –supuestamente- proteccionista a favor de la población, siguen considerando en el trámite de los procedimientos administrativos iniciados por las empresas operadoras de telecomunicaciones, seguir pretendiendo insertar requisitos adicionales a los señalados en el reglamento de la Ley 29022.

    En conclusión, la Corte Suprema ha hecho muy bien en pronunciarse frente a la inexigibilidad de requisitos adicionales a los establecidos en el reglamento de la Ley 29022, pero también consideramos que las municipalidades, siguiendo un criterio obstruccionista frente a la presentación de solicitudes de autorización, es que seguirá colmándose de procesos judiciales el órgano jurisdiccional, pese a la existencia de un pronunciamiento casatorio al respecto.

    _____________________________________________________________

    1. Decreto Supremo N° 039-2007-MTC

      Artículo 12º.- Requisitos de la Autorización para la Instalación de Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones

      Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los Operadores deberán presentar los siguientes documentos:

      a) Carta simple del Operador dirigida al titular de la Entidad de la Administración Pública solicitando el otorgamiento de la Autorización.

      b) Copia de los recibos de pago de la tasa o derecho administrativo por el trámite de la respectiva Autorización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 16º de este Reglamento.

      c) Copia de la resolución emitida por el Ministerio mediante la cual se otorga concesión al Operador para
      prestar el servicio público de telecomunicaciones expedida por el Ministerio o en el caso de las empresas de valor añadido, de la resolución a que se refiere el artículo 33º de la Ley de Telecomunicaciones.

      d) De ser el caso, memoria descriptiva y planos de ubicación detallando las características físicas y técnicas de las instalaciones materia de trámite, suscritos por un Ingeniero Civil y/o Electrónico o de Telecomunicaciones, según corresponda, ambos Colegiados, adjuntando el Certificado de Inscripción y Habilidad vigente expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.

      e) En el caso de estaciones radioeléctricas se presentará adicionalmente:

      i) Una declaración jurada del Ingeniero Civil Colegiado responsable de la ejecución de la obra, que
      indique expresamente que las estructuras, esto es, la edificación existente y torre sobre la cual se instalará la antena o antenas, reúnen las condiciones que aseguren su adecuado comportamiento en condiciones extremas de riesgo tales como sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta, de ser el caso, el sobrepeso de las instalaciones de la Estación Radioeléctrica sobre las edificaciones existentes. Para tal fin, se anexarán los planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones nuevas o existentes. Asimismo, se adjuntará el Certificado de Inscripción y Habilidad vigente, del Ingeniero responsable de la ejecución de la obra, expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú.

      ii) Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las medidas necesarias

      para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de la estación o funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emita la estación radioeléctrica durante su operación, no excederá de los valores establecidos como límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes, aprobados por Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y su modificatoria.

      Tercera disposición complementaria y final.- Para obtener la Autorización para la Instalación de la Infraestructura necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en predios de propiedad privada, los Operadores deberán presentar los requisitos a que se refiere el artículo 12º precedente y adicionalmente copia legalizada notarialmente del contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el Operador. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.

      Si se tratara de un predio comprendido en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y de propiedad común, los Operadores deberán presentar copia legalizada del acta de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la obra, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27157 y su Reglamento. En ausencia de Notario en la localidad, el citado documento podrá ser legalizado por el Juez de Paz competente.

      Si el Operador es el propietario del inmueble, se presentará copia de la partida registral respectiva, con una antigüedad no mayor de dos meses.