JURISPRUDENCIA

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    Franciso Zegarra Valencia – fzegarra@er.com.pe

    La prueba de oficio (o también llamada iniciativa probatoria del juez) constituye una de las facultades oficiosas que más polémica ha causado a nivel práctico y doctrinario en el marco del proceso civil. Y es que analizar la misma y positivizarla, implicaría – en cierto modo, optar por una visión garantista o publicista del proceso.

    La visión garantista constituye una visión social del proceso, en donde la finalidad del mismo trasciende a la resolución de las controversias de conformidad a los términos en que han sido planteadas por las partes, e implica que el proceso debe buscar la verdad, más allá de como la controversia es planteada por las partes, toda vez que esta es la única forma de alcanzar la justicia.

    Por otro lado, la visión publicista del proceso defiende la garantía de que el Estado se limite a resolver las controversias de los particulares, estableciendo que las facultades de este y su actuación deben limitarse a ser desplegadas de manera imparcial y resolver conforme a los términos específicos de cada conflicto de intereses y de acuerdo a la voluntad – y actitudes – de las partes.

    Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos constatar cómo es que optar por una postura con relación a la iniciativa probatoria del juez involucra tomar partido por la visión y la finalidad del proceso que queremos como sociedad. Involucra responder ¿Estamos ante una sociedad suficientemente igual y madura, en la que el juez deba limitarse a resolver las controversias conforme a los términos de las partes? ¿Estamos ante una sociedad en donde el fin justifique los medios? ¿Estamos ante una sociedad en donde se puede dar al juez facultades discrecionales y confiar en que las mismas no devengan en arbitrarias?; o ¿Estamos ante una sociedad en la que no podemos doblegar la justicia ante los términos de una controversia que se planteen las partes, ya que ello implicaría adjudicar la búsqueda de la justicia, ratificar desigualdades sociales y económicas y el rol del Poder Judicial?

    En dicho contexto, la actual regulación establecida en el Código Procesal Civil relacionada a la iniciativa probatoria del juez ha establecido determinadas garantías para la aplicación de esta facultad. Así, el legislador habría entendido que la finalidad de la misma es loable y requiere ser positiviazada; siempre y cuando su uso no devenga en arbitrario. Debido a ello, se estableció la siguiente formula:

    Artículo 194.- Pruebas de oficio
    Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba.

    La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

    En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio.

    El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.

    El artículo glosado establece que el uso de la iniciativa probatoria del juez debe cumplir determinados requisitos: (i) no debe reemplazar la carga probatoria de las partes, (ii) debe permitir el ejercicio del derecho del contradictorio, (iii) debe ser realizada ante la existencia de deficiencia probatoria, (iv) la fuente de prueba (conocimiento) debe encontrase entre los escritos presentados por las partes, (v) debe ser requerida a través de una decisión motivada; y, (vi) no puede generarse la nulidad de una sentencia por su falta de utilización por parte del a quem.

    Ahora bien, sucede que la Corte Suprema ha convocado para el 18 de octubre al X Pleno Casatorio Civil, a efectos de establecer cómo es que debe ser la adecuada aplicación de la iniciativa probatoria del juez.

    Según se desprende de la convocatoria, los actuales vocales supremos consideran que su aplicación debe ponderar el valor justicia, entendido este por la búsqueda de la verdad, más allá de cómo son los supuestos fácticos de la controversia han sido planteados por ambas partes.

    En ese sentido, las reglas de interpretación que establezca la Corte Suprema vía precedente vinculante con relación a la iniciativa probatoria del juez serán obligatorias para todos los jueces de la República; inclusive, su desacato puede conllevar a la interposición de recurso de casación.

    Así, actualmente nos encontramos a la espera de cómo la Corte Suprema entienda que debe ser aplicado esta facultad, y como esta aplicación debe ser interpretada conforme a la regulativa actual establecida en el Código Procesal Civil.

    Cualquiera que sea la decisión de la Corte Suprema sobre el tema, de dos cosas podemos estar seguros:

    (i) No puede implicar una derogación o modificación de lo establecido en el Código Procesal Civil (ya que de lo contrario estaría usurpando facultades del poder legislativo); y,

    (ii) Las reglas de interpretación deberán realizarse a través de una adecuada argumentación y en principios y preceptos constitucionales.