COMENTARIO JURÍDICO

  • Hasta el 26 de mayo de 2013, en el Perú el Sistema de Seguros se regulaba fundamentalmente por el Código de Comercio de 1902. Es a partir del 27 de mayo de 2013 que rige la Ley N° 29946 (Ley del Contrato de Seguro), la cual trajo consigo diversas novedades y también implicó cambios drásticos.

    Uno de los temas en los cuales la dación de la Ley del Contrato de Seguro generó un importante cambio es el referido a la resolución del contrato por falta de pago.

    Hasta antes de la dación de la Ley del Contrato de Seguro, la resolución por incumplimiento de pago estaba regulada en el artículo 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguro (Resolución SBS N° 225-2006), el cual establecía que en estos casos las aseguradoras podían optar por la resolución de los contratos (no siendo responsables por los siniestros ocurridos en tales circunstancias), lo cual tendría efectos desde la comunicación de la misma, salvo que la póliza contemple una cláusula de resolución automática, en cuyo caso el contrato quedaría resuelto producido el incumplimiento en el pago de la prima y sin necesidad de intimación alguna.

    Dado que el contrato de seguro implica un escenario de contratación masiva y típicamente es un contrato por adhesión, lo usual era que contemplara (al amparo del artículo 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguro) que en el caso de incumplimiento en el pago de la prima, la aseguradora podría dar por resuelto el contrato sin necesidad de intimación o comunicación previa.

    Con la Ley del Contrato de Seguro, la cosa cambió drásticamente, ahora a efectos de resolver un contrato de seguro siempre es necesaria la comunicación previa, siendo que el efecto resolutorio se genera 30 días después de que la comunicación es recibida por el asegurado.

    Dado que en la actualidad se mantienen vigentes contratos de seguros que fueron celebrados antes de la dación de la Ley del Contrato de Seguro y a efectos de tener claro que marco normativo es el aplicable, la Ley del Contrato de Seguro contiene en su Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Contrato de Seguros, la siguiente regla:

    “A partir de su vigencia, las disposiciones de esta Ley se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tienen fuerza ni efecto retroactivo; siempre que previamente estas no hayan estado reguladas legal o contractualmente.”

    La solución parecería clara: en los contratos de seguro que contengan regulación legal o contractual al amparo del Código de Comercio y la Resolución SBS N° 225-2006 y en tanto se haya pactado en ese sentido, la resolución operará de manera automática ante el incumplimiento de pago, sin necesidad de comunicación previa

    Decimos parecería, por cuanto el Indecopi ha asumido una posición distinta. Así, en su Resolución Nº 3028-2015/SPC-INDECOPI y al resolver el caso de un contrato adquirido en el año 2008, el cual contenía una cláusula de resolución automática por incumplimiento de pago sin necesidad de comunicación previa, concluyó sobre la base de que el incumplimiento se produjo cuando se encontraba vigente la Ley del Contrato de Seguro, que era necesaria la comunicación de la resolución y que los efectos de la misma se producían 30 días después de dicha comunicación.

    En su decisión, el Indecopi dio un sentido del todo contrario al texto de la ley, ya que donde la Ley del Contrato de Seguro indicaba que no es aplicable en tanto exista una regulación previa (sea contractual o legal), el Indecopi concluye en el sentido opuesto al texto de la norma.

    La interpretación realizada por el Indecopi en su Resolución 3028-2015/SPC-INDECOPI, ha servido de base para aplicar otras regulaciones contenidas en la Ley del Contrato de Seguro a contratos celebrados con anterioridad a dicha norma.

    Así por ejemplo tenemos el caso del suicidio en los seguros de vida, en donde la actual legislación (artículo 23) establece que si el suicidio es realizado antes de transcurridos dos años desde que se adquirió el seguro no se otorgará cobertura. Hasta antes de la dación de la Ley del Contrato de Seguro las aseguradoras establecían libremente el plazo en el cual de realizarse el suicidio este no sería indemnizado, siendo que de ordinario era mayor a dos años.

    La situación antes indicada dio ocasión al Indecopi a que evocando a la Resolución N° 3028-2015/SPC-INDECOPI, como el “pronunciamiento previo” en el cual interpretó los efectos en el tiempo de la Ley del Contrato de Seguro (en concreto de la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Contrato de Seguros), emita la Resolución N° 3078-2016/SPC-INDECOPI en la que nuevamente deja de lado la regulación contractual establecida en el contrato de seguro (que en el caso establecía que la muerte con ocasión de suicidio sería coberturada únicamente en caso acaeciera luego de transcurridos 3 años desde celebrado el contrato) y aplicando la Ley del Contrato de Seguro ordenó a una aseguradora brindar cobertura a un suicidio acaecido al poco tiempo de que transcurrieran dos años desde que se celebrara el contrato.

    Como se puede apreciar, el Indecopi viene implementado una interpretación contra legem en el sentido de que la Ley del Contrato de Seguro es aplicable a los contratos de que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.

    Lo cierto es que la manera en la que el Indecopi viene implementando la intertepretación de la vigencia de la Ley del Contrato de Seguro no solo contraviene el texto expreso de la Quinta Disposición Complementaria y Final de dicha Ley, sino también el artículo 62 de la Constitución Política que prohíbe a una Ley modificar términos contractuales.

    En efecto, pretender que la resolución del contrato establecida contractualmente (y al amparo de la Resolución SBS N° 225-2006) o que la cláusula que establece a partir de cuándo la muerte por suicidio será coberturada, sean dejadas de lado en virtud a una norma promulgada después de celebrado el contrato, representa un claro supuesto de modificación de términos contractuales por una Ley, lo cual se encuentra expresamente proscrito de nuestro ordenamiento jurídico.

    En nuestro entender, a Ley del Contrato de Seguro previó la situación de conflicto antes presentada y por eso contiene una Quinta Disposición Complementaria Final y Modificatoria, que dispone claramente que sus disposiciones se pueden aplicar a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo que antes de su vigencia, estas están ya reguladas legal o contractualmente.

    Así, la propia Ley del Contrato de Seguro evita que se pueda producir cualquier modificación contractual a contratos ya celebrados, siendo esta la única interpretación posible que resulta coherente a efectos de respetar plenamente el artículo 62 de la Constitución Política y es así como ha sido evidenciada en el marco del proceso judicial iniciado que se sigue contra la Resolución N° 3028-2015/SPC-INDECOPI, en el cual se cuenta ya con sentencia de primera instancia que ha declarada fundada la demanda y nula la Resolución del Indecopi por medio de la cual se establece el “pronunciamiento previo” respecto de los alcances en el tiempo de la Ley del Contrato de Seguro.

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