COMENTARIO JURÍDICO

  • Una de las primeras observaciones sobre el nuevo régimen del “Remate Electrónico” nos da cuenta que no emerge una norma centralizada, sino que hay hasta tres dispositivos que se refieren a dicha modalidad de actuación virtual. Concretamente, se trata de: la Ley N° 30229 de fecha 11/07/2014 (en adelante “la Ley”), el Reglamento de la Ley N° 30229 dictado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-JUS publicado el 15/07/2015 (en adelante “el Reglamento”), y, la Directiva N° 008-2016-CE-PJ aprobada por la Resolución Administrativa N° 211-2016-CE-PJ de fecha 24/08/2016 (en adelante “la Directiva”).

    La implementación del remate electrónico es, evidentemente, una iniciativa positiva y beneficiosa para la sociedad en su conjunto, tanto por sus repercusiones procesales como por el impacto económico y social general, pues conduce a una mayor transparencia y al correcto tráfico patrimonial de inmuebles, entre otros.

    Se destaca que este sistema se encuentra en un contexto en el que el Poder Judicial ya ha implementado la notificación electrónica y la mesa de partes virtuales, sin embargo, este es aún perfectible o, por lo menos, requiere de cierto nivel de precisión mediante interpretación judicial. Algunos aspectos sobre el particular se refieren a lo siguiente:

    1. En relación con el auto que convoca a remate electrónico, y el único recurso contra el mismo:

    Para analizar este tema se deben confrontar los artículos 12° de la Ley, el artículo 14° del Reglamento y el numeral 1.1 de la Directiva. La ley señala que la resolución que ordena el remate electrónico (que en la práctica es la resolución que convoca a remate público) no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo por el recurso de oposición previsto tanto en la Ley como en el Reglamento. Tal oposición sólo puede utilizarse para cuestionar la modalidad del remate, señalando que no puede ser electrónico porque (i) en el distrito judicial donde se encuentre el juzgado que lo ordena no esté implementado el REMAJU, y; (ii) Porque en el “lugar” donde se ubica el bien no existan las “facilidades tecnológicas” para acceder al REMAJU.

    Debe quedar claro que estas son causales numerus clausus, ya que la Ley no ha dispuesto que se puedan alegar otras circunstancias para sustentar la oposición. Por lo demás, se trata de causales fácilmente rebatibles en caso de que sean promovidas temerariamente, por lo que es clara la opción legislativa en cuanto a dotar a los remates electrónicas de celeridad expeditiva. La oposición se formula ante el mismo juez y dentro de los tres días hábiles de haber sido notificado con dicha resolución. Fuera de ello, tal auto es inimpugnable en vía de apelación porque el artículo 12° de la Ley expresa que solo procede la oposición, por lo que los recursos de apelación que se formulen deberán ser declarados improcedentes de plano.

    No obstante, la norma contiene un contrasentido, pues el numeral 14.2 de la Ley dispone (de forma errónea) que el plazo para interponer el recurso de oposición es de “tres días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate”. Vale decir, se reconoce la posibilidad de apelar la resolución que ordena el remate electrónico y, en defecto de ello, se habilita al ejecutado la vía de la oposición.

    Ello es claramente un error en la formulación del dispositivo antes citado, pues según el artículo 123° del Código Procesal Civil una resolución queda firme cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. Pero es obvio que si solo procede la oposición no hay por qué esperar el plazo de apelación.

    Creemos entonces que se trata de un error superable en la redacción de la norma, por lo que la correcta interpretación concluye en la oposición puede ser formulada a los tres días hábiles siguientes de haber sido notificado con la resolución judicial que ordena el remate electrónico. Ello guarda lógica con la finalidad del sistema y con la ratio legis de tal dispositivo, que se refiere al plazo para interponer la oposición.

    2. Sobre las posibilidades de impugnación una vez ejecutado el remate electrónico:

    Debe quedar claro que se trata de un marco restrictivo. Con lo cual no se vulnera el principio de doble instancia, ya que recordemos que nos encontramos en un proceso de ejecución, denominado en nuestro país “ejecución forzada” (luego de haber sorteado la etapa contradictoria previa, también figura única de nuestro país), por lo cual en esta etapa se debe facilitar el cobro de la acreencia condenada de forma eficiente, y no retrasar el mismo con recursos dilatorios. Sino también porque el derecho a la doble instancia es de predeterminación legal, es decir, puede ser regulado y limitado por la ley en aras justamente de lograr mayor efectividad al proceso.

    Como indicáramos precedentemente, contra la orden del remate electrónico sólo procede el recurso de oposición, a plantearse dentro del plazo de tres días de haber sido notificado. La resolución que resuelve la oposición es inimpugnable. Y ello es positivo, pues así se descartan posibilidades dilatorias (en la medida que lo hay que verificar para estimar o denegar una oposición es de constatación objetiva).

    No obstante, sí es posible plantear la nulidad del remate dentro de los tres días hábiles de haberse realizado el mismo. La resolución que resuelva el remate sí es impugnable, ya que la legislación no ha restringido la impugnación en ese extremo. No obstante, solo puede promoverse la nulidad (según el artículo 18 de la Ley) si hubiese ocurrido: a) Incumplimiento del postor ganador respecto de las restricciones previstas en la norma, b) Incumplimiento del postor ganador en el depósito del saldo del remate dentro de los tres días hábiles siguientes, c) Que se cumplan en general las formalidades establecidas por el REMAJU (esto último es difícil que suceda, pues la verificación de tales formalidades se encuentran ya automatizadas dentro del mismo sistema).

    3. Sobre el aviso de remate y el pegado de cartel:

    Una positiva innovación del remate electrónico es excluir al ejecutante de realizar las tediosas y costosas publicaciones del remate en los diarios que se encargan de las subastas judiciales de la localidad, manteniéndose solo la necesidad de realizar la diligencia de pegado de cartel en el inmueble a rematar. En relación a esto último, la directiva N° 008-2016-CE-PJ precisa que son obligaciones de los secretarios judiciales y de los colaboradores del REMAJU (quienes actúan cuando el inmueble se encuentra fuera del distrito judicial del juzgado que ordena el remate), sólo realizar el pegado de cartel en el inmueble a rematar, y además cumplir con la publicación en la página web del Poder Judicial.

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