Yuliano Quispe Andrade – Asociado del Área Civil y Procesal

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La Constitución y el Código Procesal Constitucional guardaron silencio sobre el control constitucional de las decisiones emitidas por la jurisdicción arbitral. Así, el diseño procesal del amparo contra laudos arbitrales ha sido y viene siendo desarrollado de forma jurisprudencial por el Tribunal Constitucional (en adelante, TC).

La primera vez que el TC analizó y empezó a trazar el diseño del amparo arbitral fue en el año 1999, en la STC 189-1999-PA/TC (Caso Pesquera Rodga S.A.). Aunque con mayor detalle lo hizo en el año 2005, en la STC 6167-2005-PHC/TC (Caso Fernando Cantuarias Salaverry). Luego, el TC emitió algunas sentencias relevantes sobre el tema. Es más, dado que varias sentencias del máximo intérprete de la Constitución abordaron este tema, no se tenía en claro la reglas procesales del mismo.

De ahí que existía (y consideramos que aún existe) la necesidad de un precedente vinculante que precise reglas del control constitucional de los laudos arbitrales. Así, mediante la STC N° 00142-2011-PA/TC (Caso Minera María Julia), el TC estableció con carácter de precedente vinculante las siguientes reglas procesales:

• El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo Nº 1071 (Nueva Ley General de Arbitraje) y, por razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la Ley Nº 26572 (Ley General de Arbitraje), constituyen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales; y, por lo mismo, determinan la improcedencia del amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, aún cuando este se plantee en defensa del debido proceso o de la tutela procesal efectiva (fundamentos 20.a y 20.b).

• El amparo contra laudo arbitral será procedente de forma excepcional: (i) cuando el laudo arbitral vulnera los precedentes vinculantes establecidos por el TC; (ii) cuando el laudo hace un indebido ejercicio del control difuso de constitucionalidad; y (iii) cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo arbitral, a menos que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto Legislativo 1071 (fundamento 21).

• Además, contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales, solo podrá interponerse una demanda de amparo contra resolución judicial, conforme a las reglas establecidas en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial (fundamento 20.f).

Ahora bien, dado que la práctica jurisdiccional es más variada de lo que uno pueda pensar y de las reglas que se puedan establecer respecto del diseño del control constitucional sobre la jurisdicción arbitral, recientemente el TC analizó la posibilidad de interponer una demanda de amparo contra decisiones arbitrales distintas al laudo arbitral que desnaturalizan a este último.

Así, en la RTC N° 08448-2013-PA/TC (Caso Octavio Olivo García), el TC señaló que el precedente vinculante establecido en la STC N° 00142-2011-PA/TC no resulta aplicable a los supuestos en los que el acto lesivo de derechos fundamentales proviene de resoluciones arbitrales distintas al laudo arbitral, concretamente de resoluciones arbitrales expedidas en la fase de ejecución del laudo arbitral. Por tanto, cuando una resolución arbitral desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral, no existe algún mecanismo de impugnación a interponer, dado que el recurso de anulación solo procede contra laudos arbitrales, conforme lo establece la norma que regula el arbitraje.

Advirtiendo tal escenario de ausencia de control constitucional, en el fundamento 12 de la referida RTC N° 08448-2013-PA/TC, se estableció que:

• Mediante un proceso de amparo se puede cuestionar las resoluciones arbitrales, distintas al laudo, expedidas por el Tribunal Arbitral en fase de ejecución del laudo arbitral, siempre que se trate de una resolución que carezca de sustento normativo o sea emitida con manifiesto agravio a los derechos fundamentales, caso contrario, será declarado improcedente. En estos casos el objeto de control constitucional lo constituye la resolución arbitral que desconoce, incumple, desnaturaliza o inejecuta el laudo arbitral. Y, este control constitucional deberá llevarse a cabo conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia constitucional.

Como se puede advertir, los alcances del control constitucional sobre la jurisdicción arbitral aún está en desarrollo, dado que las reglas procesales establecidas en el precedente vinculante recaído en la STC N° 00142-2011-PA/TC aún son cortas y/o pocas, máxime si consideramos todo el desarrollo jurisprudencia anterior al este precedente vinculante.

Así, en el actual conformación del Tribunal Constitucional no existe uniformidad y/o conformidad respecto de las reglas establecidas en el referido precedente vinculante, a tal punto que se considera que debería modificarse. En efecto, en el Voto Singular del Magistrado Ernesto Blume Fortini de la STC N° 01083-2012-PA/TC (Caso Minera Los Quenuales) se indica que las nuevas reglas procesales del amparo contra laudos arbitrales deberían ser las siguientes:

• El cuestionamiento de laudos por vía de amparo arbitral procederá frente a la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales o frente al desconocimiento de los precedentes y/o doctrina jurisprudencial establecidos por el Tribunal Constitucional.

• La procedencia del amparo arbitral se condiciona en cualquier caso al previo agotamiento del recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo 1071, a menos que se acredite un riesgo irreparabilidad.

• No procederá el cuestionamiento de actuaciones previas a la emisión del laudo por vía de amparo arbitral, a menos que se acredite de modo fehaciente un riesgo de irreparabilidad en los derechos fundamentales por los que se reclama.

• Los actos de ejecución que desnaturalizan o incumplen total o parcialmente lo dispuesto en un laudo pueden ser directamente cuestionados por amparo arbitral.

• Procede el amparo arbitral cuando la jurisdicción arbitral ha sido impuesta compulsiva o unilateralmente o cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente, las materias sobre las que ha de decidirse tienen carácter indisponible.

Así las cosas se tiene que el diseño procesal del amparo contra laudo arbitral no se agota en las reglas establecidas en la STC N° 00142-2011-PA/TC, además que resulta necesario seguir pensando cómo sería un diseño adecuado de amparo arbitral que permita mantener un equilibrio razonable entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción arbitral.