Algunas cuestiones relevantes sobre el derecho de defensa y la cosa juzgada, breves comentarios a propósito de la Casación No. 3971-2017 La Libertad

 

Por Francisco Zegarra Valencia – Asociado

El caso en comentario, propone la discusión sobre si al haber un conflicto entre un propietario con título no inscrito, pero que cuenta con una sentencia judicial con calidad de cosas juzgada a su favor con relación a ese título, debe prevalecer sobre aquel que ostente un título de propiedad inscrito.

Los hechos del caso versan sobre la partición y división de una masa hereditaria familiar. De acuerdo a los breves antecedentes del caso desarrollados en la casación, los hechos se desarrollan de la siguiente manera:

El predio rústico (el, ‘Inmueble’), se encontraba inscrito a nombre de una persona, a la que denominaremos el padre de familia (el ‘Padre’). Sin embargo, el 09 de enero de 2004, el Padre trasfirió el Inmueble uno de sus hijos (el ‘Hijo’) mediante un contrato de compraventa.

Posteriormente, tras fallecer el Padre, las dos hijas de este (las, ‘Hijas’), inicitaron un proceso de nulidad sobre el contrato de compraventa del Inmueble celebrado entre el Padre y el Hijo, e inscribieron registralmente el 23 de agosto de 2010 a la Sucesión intensada del Padre, -compuesta por ellas y el Hijo- como propietarios del Inmueble por considerar que este era parte de la masa hereditaria.

En ese contexto, entre las partes se han desarrollado tres procesos judiciales:

1. Nulidad de acto jurídico: Proceso iniciado por las Hijas contra el Hijo, donde se discutió la validez del contrato de compraventa celebrado entre el Hijo y el Padre (Exp No. 239-2010) en el cual se declaró en última instancia como valido el acto jurídico.

2. Usurpación y Daño Agravado: Proceso penal iniciado por la denuncia del Hijo contra una de las Hijas, cuestionando la licitud de la ocupación de esta en el Inmueble. El Juzgado condenó en última instancia a la hija imputada como responsable del delito de usurpación en agravio del Hijo.

3. Proceso de división y partición: Proceso iniciado por las Hijas contra el Hijo, en el cual exigen que se realice la división y partición del Inmueble por ser todos copropietarios.

El último proceso es el caso donde se originó la casación materia de análisis. En este caso, las Hijas interpusieron demanda de división y participación afirmando que tanto ellas como el Hijo eran copropietarios del Inmueble, por cuanto todos formaban parte de la Sucesión Intestada. La defensa del Hijo en este caso versó principalmente en afirmar que a través del proceso de nulidad de acto jurídico se había determinado que el contrato de compraventa celebrado entre él y el Padre era válido y eficaz, por lo que: no existiría copropiedad alguna respecto del Inmueble.

En ese sentido, en primera instancia declaró fundada la demanda, por considerar que el Hijo no habría cuestionado el título de propiedad ante la inscripción en registros públicos.

En la Sentencia de vista, se confirmó la sentencia de primera instancia, afirmándose en esta que: (i) el proceso sobre división y partición no es la vía idónea para discutir la propiedad del bien, ni la validez de los actos jurídicos que dieron origen a dicha propiedad, (ii) la Sucesión Intestada cuenta con su derecho debidamente inscrito, por lo que este debe ser privilegiado sobre el derecho no inscrito del Hijo.

En este estado es que el hijo interpone recurso de casación y sustenta este en las siguientes infracciones:

1) Infracción normativa de los artículos IX del Título Preliminar, 50 numeral 6 y 122 numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil, así como del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; pues: (i) ninguno de los fundamentos de la sentencia recurrida se declaró la nulidad del contrato de compraventa a través del cual el Demandando adquirió el Inmueble (ii) el referido predio nunca ha formado parte de la masa hereditaria, (iii) en la sentencia de vista por un lado se indicó que “(…) sería válido el acto jurídico celebrado entre el señor José Ceferino Rodríguez Aguirre y el hoy demandado (…)”, y pese a ello el fallo soslaya lo pactado en dicho contrato, y (iv) el fallo no toma en consideración lo resuelto en el proceso de nulidad de acto jurídico, donde se concluye que el Inmueble no formaba parte de la masa hereditaria.

2) Infracción normativa de los artículos 70 y 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, pues entre las mismas partes se siguieron procesos de nulidad de acto jurídico y por delito de usurpación y daño agravado, en los cuales se dictaron fallos con calidad de cosa juzgada, en los que se resolvía que el único propietario del Inmueble seria el Demandante por lo que no habría copropiedad alguna.

Pues bien, en ese contexto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente determinó que la Sentencia de Vista contenía un vicio de motivación por no establecer la justificación del por qué debe prevalecer un derecho inscrito sobre un fallo con condición de Cosa Juzgada: En esta casación se señaló lo siguiente:

“5.5. Por consiguiente, se evidencia que la Sala de mérito ha emitido una sentencia de vista con defecto de motivación, al no haberse analizado con propiedad los procesos antes mencionados, más aun, que no justifica como así el derecho inscrito (como es la traslación de dominio por sucesión intestada) debe prevalecer sobre el principio de la cosa juzgada, regulado constitucionalmente; además, que no ha considerado que el contrato de compra venta, el que fuera sometido a un proceso de nulidad de acto jurídico, no se pronunció declarando la nulidad de aquel documento, por lo que, se entiende que el mismo tiene plena validez, a pesar de no haber sido inscrito; entonces, lo aquí expuesto debe ser materia de análisis por parte del Colegiado Superior, es decir, si a pesar de lo resuelto en el aludido proceso de nulidad de acto jurídico, el predio “Tantalhuara” y la casa o vivienda construida en su interior pertenecen a la masa hereditaria del causante, interrogante que debe aclararse antes de decidir si procede o no la división y partición solicitada por las demandantes; razón por la cual, las infracciones normativas propuestas deben declararse fundadas.”

Teniendo en cuenta esta decisión, y más allá que la Corte Suprema evade emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, consideramos que es importante para resolver la presente controversia determinar los alcances del proceso de división y participación, así como los alances y efectos de la cosa juzgada en el proceso de nulidad de compraventa, en el proceso iniciado por las Hijas contra el Hijo.

El proceso de división y participación es definido como la operación por la cual “un bien común se divide en tantos lotes cuantos copropietarios haya, recibiendo cada uno de éstos la propiedad exclusiva de uno de esos lotes. De esta manera las cuotas indivisas y abstractas de cada uno se transforman en partes concretas y materiales; la propiedad indivisa es sustituida por una propiedad unitaria.1

De su propia definición, podemos advertir que la existencia de este proceso implica que el demandante deba acreditar la existencia de, principalmente, dos (2) hechos constitutivos: (i) que los herederos sean copropietarios de los bienes materia de controversia, (ii) que exista la negativa de uno o varios de ellos a realizar la partición.

En dicho contexto, y siguiendo la dialéctica del proceso, la personas demandas en esta clase de proceso podrán defenderse argumentando hechos impeditivos o extintivos que permitan acreditar la inexistencia de los hechos afirmados por el demandante, o que estos hechos no producen las consecuencias jurídicas que afirma. Así, entre otras cosas, el demandado en esta clase de procesos se podrá defender afirmando – y acreditando – que: (i) no existe un bien que se encuentren en copropiedad, o (ii) que no existe negativa alguna que obligue a judicializar la partición.

Vale la pena acotar que las defensas propuestas no se agotan en estos dos argumentos. Asimismo, que una restricción de lo que puede o no puede ser parte de los argumentos de defensa del demandado constituye una afectación a su derecho de defensa, lo cual implicaría una flagrante violación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplada en el inciso 3) del art. 139 de la constitución

Teniendo en cuenta lo expuesto, de manera previa a desarrollar el fondo del asunto, conviene hacer unas breves precisiones con relación a los pronunciamientos en los fallos emitidos en primera y segunda instancia.

La Sentencia de primera instancia, así como la que la confirma, señala que la demanda es infundada porque el demandado debió cuestionar el título inscrito ante Registros Público que acreditaría que el Inmueble constituye un bien en copropiedad de los herederos del Padre.

A resumidas cuentas, esta sentencia estaría afirmando que existe un bien en copropiedad que el demando no puede desconocer o cuestionar a través de su defensa en el proceso judicial de división y partición.

A nuestro juicio, estas sentencias estarían afectando el derecho de defensa del demando, pues erradamente se encuentran limitando los alcances de los hechos impeditivos o extintivos que este puede afirmar. Y es que como hemos visto, uno de estos hechos lo constituye precisamente negar – y acreditar – la existencia de una copropiedad.

En esa línea, nótese que inclusive estaría otorgando una suerte de carácter constitutivo a lo establecido en Registros Públicos con relación a la inscripción del Inmueble como parte de la masa hereditaria del Padre, hecho que desnaturaliza la inscripción registral.

Finalmente, y con relación a la pregunta que dejaría en aire la Corte Suprema, si debe o no existir una prevalencia de la cosa juzgada en el presente caso, somos de la opinión que sí, pues es claro que ambas sentencias emitidas desconocen los alcances de la cosa juzgada, conforme a las reales dimensiones de la misma.

La cosa juzgada genera dos efectos, el negativo y el positivo. El efecto negativo de la cosa juzgada determina que lo resuelto en un proceso no pueda ser objeto de uno nuevo2. A decir de Fairén, “la cosa juzgada veda teóricamente a las mismas partes la iniciación de un nuevo proceso sobre el mismo objeto y basándose en los mismos hechos, que eran conocidos al tiempo en que pudieron alegarse a los jueces veda igualmente conocer y decidir en tal proceso”3. Respecto el efecto positivo, Liebman explica que esta “constriñe al juez a reconocer la existencia de la cosa juzgada en todos sus pronunciamientos4.

En ese sentido, el efecto positivo de la cosa juzgada complementa el efecto negativo, toda vez que a su carácter inimpugnable e inmodificable, le agrega otra característica: que lo resuelto en la misma deba ser considerado como una verdad jurídica sobre la cual cualquier órgano jurisdiccional debe fundamentarse para resolver un asunto que tenga conexidad con lo resuelto en la sentencia que ha adquirido tal calidad5.

Así, tenemos de lo expuesto que las características Cosa Juzgada implican a su vez dos limitaciones (i) La verdad jurídica establecida se da en un momento concreto, y dependiendo del caso en concreto los efectos pueden ser únicamente posteriores al fallo (constitutivo), o por el contrario, pueden retrotraerse (declarativo) y, (ii) La resolución judicial solo es vinculante para las partes del proceso, o terceros que hubieren sido citados con la demanda.

Por lo expuesto, la Casación materia de comentario debió tomar en consideración que (i) en el proceso de nulidad de acto jurídico las partes procesales eran las mismas que en el proceso de división y partición, lo resuelto en aquel proceso resultaba vinculante para este, (ii) en el proceso de nulidad de acto jurídico se emitió una decisión judicial firme que adquirió calidad de inmutable y de verdad jurídica para las partes. Por lo que era un hecho incontrovertido que el contrato de compraventa celebrado entre el Hijo y el Padre era válido, esto quiere decir que, el único propietario del Inmueble era el Hijo.

En ese sentido, y al no existir copropiedad alguna respecto del Inmueble, si existió vulneración a la cosa juzgada, por lo que: (i) serían nulas las sentencias de primer y segundo grado por desvincularse de una resolución con calidad de cosa juzgada a la cual las partes del proceso estaban vinculadas, y (ii) no corresponde realizar división ni partición pues las partes procesales no son copropietarios, la propiedad del Inmueble es únicamente del Hijo.

***

  1. ALESSANDRI Arturo, SOMARRIVA, Manuel y otro. TRATADO DE LOS DERECHOS REALES. Tomo I. Editorial Temis y Editorial Jurídica de Chile, 6° edición. Santiago de Chile, 2001, pp. 117.
  2. ZEGARRA, Francisco. Aspectos procesales del IX Pleno Casatorio Civil. En: http://ius360.com/privado/civil/aspectos-procesales-del-ix-pleno-casatorio-civil/. (Consultado el 04 de abril de 2019).
  3. FAIREN, Víctor, Doctrina General del Derecho Procesal, Barcelona, Ed. Bosch, 1990, p. 518.
  4. LIEBMAN, Tulio. Eficacia y Autoridad de la Sentencia, Buenos Aires, Ed. EDIAR S.A., 1946, p. 72.
  5. ZEGARRA, Francisco. Aspectos procesales del IX Pleno Casatorio Civil. En: http://ius360.com/privado/civil/aspectos-procesales-del-ix-pleno-casatorio-civil/. (Consultado el 04 de abril de 2019)